El Panorama Caribeño de Notas – Periodismo Popular es una tentativa de descolonizar la mirada y volverla sobre la región más invisibilizada y desconocida de nuestro propio continente. Hoy con noticias de Haití, Barbados y Costa Rica. Publicado el 5 de Junio de 2018.
Demandan a Francia la devolución a Haití de una deuda histórica
Edwy Plenel, periodista francés, ex animador de Le Monde Diplomatique y actual director del periódico digital independiente Mediapart, visitó la feria editorial “Livres en Folie” realizada en Puerto Príncipe, capital de Haití, los días 31 de mayo y 1 de junio. Allí expresó que “la nación europea debe regresar lo que Haití tuvo que pagar por defender la igualdad de los hombres y el derecho a la justicia”. “Es una cuestión de principios”, remarcó.
Plenel hizo referencia a una deuda, valuada hoy en unos 21.800 millones de dólares, que fue interpuesta por Francia como condición para garantizar el reconocimiento de la jóven república negra, luego de que ésta se independizara de su metrópoli en 1804.
Concertada bajo la amenaza directa de una ocupación militar, la deuda consistió en el pago de indemnizaciones a los ex colonos esclavistas. El monto duplicaba entonces por diez los ingresos nacionales y el naciente debió pagar la deuda, con intereses onerosos, hasta 1947.
Plenel es un conocedor directo de la historia haitiana y caribeña desde su infancia transcurrida en la vecina Martinica. Refiriéndose a la gira oficial del ex presidente galo François Hollande por el Caribe francófono en 2015, el periodista había expresado entonces que “la reparación a Haití es normal y legítima” y que “el tema de la deuda de independencia haitiana devino prácticamente un tabú en el debate público francés”.
En 2010, después del terremoto que asoló Haití, Plenel firmó una misiva junto con otras destacadas personalidades como Noam Chomsky, Etienne Balibar y Naomi Klein. Dicha carta demandaba al entonces presidente Nicolás Sarkozy la devolución de una deuda que podría haber ayudado decisivamente a la reconstrucción del país.
Cabe destacar que en 2003 el gobierno democrático de Jean-Bertrand Aristide había elevado a la nación gala una reclamación formal. Meses después, en febrero de 2004, Francia junto a Estados Unidos y Canadá, participó con tropas de ocupación en el derrocamiento de Aristide.
Mia Mottley, electa primera ministra de Barbados
La isla antillana de Barbados, independiente desde 1966, es una democracia parlamentaria que forma parte de la Mancomunidad Británica junto con otros 12 Estados americanos soberanos y no soberanos. Se trata de un territorio 430 kilómetros cuadrados que cuenta con una población, mayoritariamente negra, de 277 mil habitantes.
El sistema político barbadense reconoce como Jefa de Estado nominal a la Reina Isabel II, quién está facultada para nombrar al gobernador general de la isla. El sistema parlamentario es bicameral. Mientras que el gobernador tiene la potestad de elegir a los 21 senadores de la Cámara Alta, los 30 curules de la Cámara Baja son elegidos en comicios generales cada cinco años. El partido político que obtiene la mayoría de los escaños es quién escoge al primer ministro.
Este 24 de mayo los barbadenses fueron convocados a las urnas en un sistema electoral en donde el voto no es obligatorio. La novedad fue la participación de dos mujeres al frente de partidos de oposición, en un contexto caribeño signado por la generalizada masculinidad de las figuras dirigenciales. Se trató de Lynette Eastmond, del Partido Unidad Progresista, y Mia Mottley, del Partido Laborista de Barbados (BLP, por su sigla en inglés).
El BLP logró imponerse con holgura, conquistando los 30 escaños en disputa y nombrando primera ministra a Mottley. La actual mandataria, primera mujer en alcanzar la jefatura de gabinete, cuenta con una extensa trayectoria política: fue ministra de Educación, Juventud y Cultura; fiscal General y ministra del Interior; presidenta del Consejo Social de Barbados y vicepresidenta de su Consejo Económico. Ahora deberá afrontar la delicada actualidad de una economía en recesión.
El gobierno de Venezuela y su canciller Jorge Arreaza manifestaron su apoyo a la flamante primera ministra, asegurando el compromiso de seguir “transitando por el camino de la justicia, la igualdad y la solidaridad, a través de mecanismos multilaterales como la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Améria (ALBA) y Petrocaribe”.
Indígenas ngöbes impulsan en Costa Rica proyecto de ciudadanización
Los ngöbes son indígenas que habitan el occidente de Panamá y cinco reservas en la fronteriza Costa Rica. Como sucedió con otros pueblos, quedaron partidos en dos con el trazado de las fronteras de los modernos Estados latinoamericanos y caribeños.
Es en relación con esta problemática es que, con el concurso de diferentes fuerzas políticas, impulsan el proyecto de ley Nº 20.554, llamado “Ley de protección del derecho a la nacionalidad de la persona indígena y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”. Sin embargo, la negativa a incluir el tema como un asunto prioritario en la agenda política nacional ha obstaculizado hasta la fecha su ciudadanización efectiva. La próxima semana una delegación de las comunidades se entrevistará con parlamentarios para discutir las perspectivas del proyecto.
En la actualidad cuentan con una población de más de 200 mil personas, agricultores y artesanos en su inmensa mayoría, que hablan el ngöbere, de la familia lingüística chibcha.
Además de los habitantes originarios del territorio tico, muchos agricultores migran estacionalmente desde Panamá a Costa Rica para trabajar en las plantaciones de café, en lo que constituye un importante rubro de exportación en la nación vecina. Los ngöbes han sido reconocidos por su oposición activa a los proyectos extractivistas en la región, y por su defensa de los recursos hídricos y minerales.
La imposibilidad de obtener el reconocimiento de la ciudadanía de Costa Rica impide a los indígenas acceder a derechos elementales, entre los que se cuentan el trabajo de calidad, el acceso a la justicia, la participación política plena y los servicios sanitarios y educativos, entre otros. Otras problemáticas de la diáspora tienen que ver con los elevados índices de analfabetismo, la propagación de enfermedades infecciosas y la pobreza generalizada.
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