Crisis política y amenazas de remilitarización

Análisis y balance de una semana vertiginosa atravesada por protestas, huelgas y movilizaciones multitudinarias en Haití, que exigen la renuncia del presidente y el esclarecimiento del desfalco de los fondos de Petrocaribe. El país se debate entre los peligros de la militarización y la intervención internacional. Publicado en ALBA Movimientos el 23 de Noviembre de 2018.

Origen y profundización de la crisis

Ya son seis los días consecutivos de protestas, huelgas y movilizaciones multitudinarias en la capital haitiana y en toda la geografía nacional, en lo que ya constituye una crisis política profunda sin visos de resolución inmediata. El clima de agitación se debe a las demandas en torno al desfalco de 3.800 millones de dólares por parte de la clase política local, fondos que llegaron al país en el marco de las políticas de la plataforma de integración energética Petrocaribe. La iniciativa regional, impulsada por Hugo Chávez Frías en el año 2005, beneficia en la actualidad a una veintena de países caribeños, entre ellos Haití, con crudo barato, formas de financiamiento blandas, bajos intereses y un plazo de pago de hasta 25 años, además de permitir el desarrollo de numerosos planes sociales y de desarrollo. Cabe destacar que Petrocaribe se encuentra en la mira de las políticas injerencistas norteamericanas desde que en febrero de este año Rex Tillerson, Secretario de Estados de los Estados Unidos, intentará promover la influencia energética de su país en la región, intentando desplazar así a Petrocaribe y a otros mecanismos de integración de ALBA-TCP.

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En el contexto nacional, el uso irregular, el desvío y la apropiación directa de estos fondos multimillonarios ha desatado un escándalo de proporciones, comprensible desde la óptica de la acuciante situación de un país activamente empobrecido que ostenta algunos de los índices sociales más alarmantes de todo el hemisferio. Esta cruzada contra la corrupción estructural se ha articulado a la exigencia de la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse y su primer ministro Jean-Henry Céant, y a la convocatoria a un gobierno de coalición por un período transicional de tres años. Además, las protestas expresan el descrédito profundo respecto de la clase política haitiana y el sistema institucional, dado que los hechos de corrupción, detallados por un informe presentado por el mismísimo Senado, involucran sin distinción a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y a altos funcionarios de las últimas tres gestiones presidenciales (Préval, Martelly y Moïse).

Petrocaribe se encuentra en la mira de las políticas injerencistas norteamericanas desde que en febrero de este año Rex Tillerson, Secretario de Estados de los Estados Unidos, intentará promover la influencia energética de su país en la región, intentando desplazar así a Petrocaribe y a otros mecanismos de integración de ALBA-TCP.

Entre la militarización y la paramilitarización

El día de hoy, 23 de noviembre, diferentes sectores de la oposición convocaron a una nueva movilización hacia Petión-ville, una de las zonas más acomodadas de la ciudad en dónde se emplazan embajadas, hoteles y otros símbolos del poder internacional. Las columnas de la manifestación fueron duramente reprimidas, y se produjo un enorme despliegue preventivo sobre una de las principales arterias de la capital en Delmas para impedir dicha concentración. La novedad fue la aparición amenazante no sólo de la Policía Nacional de Haití (PNH) sino también el despliegue inédito en los últimos tiempos de las tropas de ocupación de la MINUJUSTH (ex MINUSTAH), la misión de ocupación de las Naciones Unidas operante en el país desde el año 2004. Pese a su desmovilización parcial, las fuerzas multilaterales de la ONU (conocidos como los “cascos azules”) mantienen aún 1.200 oficiales armados en posiciones estratégicas de todo el país, además de la presencia de asesores civiles y militares que orientan y coordinan las acciones represivas de las fuerzas de seguridad nacionales. Partes de estos efectivos ocuparon durante esta tarde buena parte de la Avenida de Delmas con camionetas, carros hidrantes y vehículos blindados, en un operativo verdaderamente desproporcionado que consternó gravemente a una población que identifica a las tropas como responsables de innumerables de casos de abuso sexual, asesinatos de jóvenes en la periferia y la epidemia de cólera traída al país por el contingente nepalí.

Por otra parte, cabe destacar que la aplicación vigente del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas considera a Haití una “amenaza para la paz”, lo que señala al Consejo de Seguridad del organismo como última autoridad en el país y deja la puerta abierta a cualquier tentativa de remilitarización futura. Las loables intenciones de la ONU versaban sobre la “consolidación y robustecimiento de las instituciones y el estado de derecho” y el “fortalecimiento de los derechos humanos”, rubros que no han cesado de desmejorar, como lo atestigua la constante pérdida de competencias estatales en función del accionar de miles de ONGs, y la creciente paramilitarización de la vida, proceso consustancial a las políticas neoliberales en todo el continente. Dicho fenómeno ha quedado evidenciado con los últimos y dramáticos acontecimientos: la aparición de tropas uniformas no identificadas con ninguna fuerza estatal ni internacional, el accionar de francotiradores en las barriadas populares de la capital y de paramilitares en la capital departamental de Les Cayes en el mes de octubre, y la reciente aparición de decenas de cuerpos sin vida en un basural de Lasalin en las periferias de Puerto Príncipe, atribuidos presumiblemente al libre accionar de bandas criminales.

las fuerzas multilaterales de la ONU (conocidos como los “cascos azules”) mantienen aún 1.200 oficiales armados en posiciones estratégicas de todo el país, además de la presencia de asesores civiles y militares que orientan y coordinan las acciones represivas de las fuerzas de seguridad nacionales. Partes de estos efectivos ocuparon durante esta tarde buena parte de la Avenida de Delmas

La mirada internacional

En una esperada y demorada alocución al país, el presidente Jovenel Moïse ratificó su autoridad presidencial y su voluntad de permanecer al frente del ejecutivo hasta las próximas elecciones, reiterando una convocatoria al diálogo nacional que la oposición política y los movimientos sociales consideran meramente distractiva y dilatoria, dada su presunta vinculación al asunto Petrocaribe y a otros casos de corrupción estructural.

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Determinante para orientar estas declaraciones fue la reunión del denominado “Core Group”, que aglutina a los principales factores de poder internacional en Haití, representados por el delegado de las Naciones Unidas y de la OEA, y los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, la Unión Europea y Brasil. Además de la previsible condena a los hechos de violencia generalizados, el Core Group manifestó su claro respaldo a la continuidad sin interrupciones del mandato presidencial. Esto debe entenderse ante todo como una apuesta de los Estados Unidos a sostener a un gobierno que orbita en torno a sus intereses fundamentales en la región, en un contexto en el que el Caribe expresa como ninguna otra latitud continental las presiones cruzadas de las potencias tradicionales y las emergentes. Principalmente, en los últimos meses no ha cesado de crecer la influencia China, que ha firmado numerosos acuerdos de inversión y ha restablecido relaciones diplomáticas con países insulares y del istmo centroamericano. En ese marco, Haití aparece como una de las escasas naciones que no han sido arrastradas por el gigante asiático, como lo evidencia la profundización de las relaciones con Taiwán, considerada por China una provincia rebelde.

Demandas convergentes, perspectivas opuestas

Es importante señalar también que el asunto Petrocaribe no sólo concita el rechazo y la movilización de las clases populares rurales y urbanas, las que dan masividad y radicalidad al conflicto, sino que también una serie de actores de la oposición conservadora y ciertas fracciones de la burguesía haitiana buscan capitalizar el descontento en beneficio propio, aun cuando algunos de estos mismos sectores han sido copartícipes de los hechos de corrupción señalados. Quizás el más emblemático de estos actores sea Reginald Boulos, uno de los burgueses más influyentes del país, estrechamente ligado al Departamento de Estado norteamericano y promotor destacado de los dos golpes de estado al ex presidente Jean-Bertrand Aristide en 1991 y 2004. Sin embargo, como ha sido señalado por diferentes analistas y dirigentes sociales, la previsible especulación electoral de estos sectores conservadores no puede soslayar la masividad y legitimidad de un reclamo que se inscribe en el ciclo de resistencias neoliberales que tuvo su punto más álgido en la insurrección popular del 6 y 7 de julio pasados.

una apuesta de los Estados Unidos a sostener a un gobierno que orbita en torno a sus intereses fundamentales en la región, en un contexto en el que el Caribe expresa como ninguna otra latitud continental las presiones cruzadas de las potencias tradicionales y las emergentes

Al otro lado del espectro político, un amplio abanico de cincuenta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y partidarias de izquierda y progresistas han elaborado una “declaración de unidad” en la que convocan a una gran Conferencia Nacional para refundar el estado e iniciar una transición hacia un proyecto popular de país que pueda afrontar algunas de las principales urgencias en materia alimentaria, habitacional, sanitaria, educativa y ecológica que atraviesa Haití. Además de juzgar a los responsables del desfalco, echar luz sobre el destino de los fondos de Petrocaribe y volver a orientar esos recursos hacia su objetivos originarios. Por sobre todas las cosas, estos sectores abonan por una resolución política, pacífica y soberana a la crisis en curso, sin injerencias odiosas en el plano político y militar como las que augura el despliegue de tropas por parte de la MINUJUSTH.

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