El neoliberalismo, un fascismo en suspenso

Publicado en la Agencia Latinoamericana de Información el 24 de Octubre de 2019.

Un asunto resulta tan común como sorprendente en la actual coyuntura de América Latina y el Caribe. Se trata de la rapidez y violencia con que las diversas fuerzas neoliberales del continente han respondido a lo que intuyen como amenazas a su propia supervivencia, incluso las más incipientes o pequeñas. Represiones desproporcionadas, despliegue de fuerzas militares, estados de excepción, toques de queda, persecución política, encarcelamientos, montajes, torturas, violaciones, asesinatos selectivos, tentativas de golpe, pedidos de ocupación internacional constituyen su largo repertorio de acciones de fuerza. El neoliberalismo, en crisis en todo el mundo, se reedita en sus versiones más monstruosas, y no duda en destruir su propia institucionalidad para socavar las resistencias que lo ponen en entredicho. El neoliberalismo es un fascismo en suspenso, agazapado, y ahora anda sin bozal.

Para analizarlo nos adentraremos en algunas hipótesis y análisis nacionales, subrayando los fenómenos en cierta forma novedosos en países como Ecuador, Chile, Venezuela, Haití, Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Dejaremos de lado por ahora sus modalidades más “clásicas”, en relación al análisis de otros fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico, la guerra interna y el paramilitarismo como métodos de represión y control territorial de uso habitual en Colombia, México o el istmo centroamericano, por citar solo algunos ejemplos. Cabe aclarar que hablamos de fascismo sin ningún intento de reducción de nuestra actualidad continental a un fenómeno específico del siglo XX europeo, sino en tanto esta palabra sintetiza sencilla y pedagógicamente una serie de características propias de las derivas autoritarias que atraviesan hoy a las derechas continentales.

Ecuador y Chile: la represión y los estados de excepción como políticas preventivas

El decreto de estado de excepción, estado de sitio, toques de queda y el despliegue de fuerzas militares en el centro de ciudades como Santiago, Concepción, Guayaquil o Quito, deben entenderse como políticas preventivas. Las burguesías latinoamericanas han sacado sus lecciones del pasado, e intuyen que una segunda oleada de insurrecciones populares anti-neoliberales podrían borrarlas del mapa como sucedió entre finales de los noventa y comienzos de los años dos mil, y más ahora que el modelo neoliberal da sobradas muestras de agotamiento. Por eso el despliegue de fuerzas parece tan rápido como desproporcionado: ni la “evasión” en las estaciones de subterráneos de la capital chilena, ni las primeras reacciones al “paquetazo” de Lenin Moreno fueron en un comienzo ni tan masivas ni tan radicales. Al contrario, fue la propia magnitud de la respuesta represiva y el deterioro general de las condiciones de vida de las grandes mayorías las que permitieron la escalada de los acontecimientos y la convergencia de las reivindicaciones en puntos focales: el hartazgo con décadas de políticas neoliberales en Chile, y la anulación del paquetazo y el pedido de renuncia del presidente Lenin Moreno en Ecuador.

Se ha tratado de mucho más que de una reacción paranoica. Además de la represión generalizada no debemos dejar de lado la represión selectiva y la persecución política a diferentes fuerzas y sectores opositores: las últimas detenciones en Chile a líderes estudiantiles en su domicilio a la usanza pinochetista, los ataques cibernéticos y las persecuciones denunciadas por la CONAIE y el encarcelamiento de altas dirigentas de la Revolución Ciudadana en Ecuador, dan cuenta de que los gobiernos neoliberales aprovechan la confusión reinante para ir tras objetivos políticos previamente seleccionados, intentando la desacumulación preventiva de las clases populares. Resultaría fatal que las propias rencillas domésticas entre las mismas organizaciones impidieran una reacción de condena unánime: como decía un poema de Bertold Brecht, terminado el trabajo con los otros, los enemigos vendrán también por nosotros.

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Como es sabido, el caso chileno tiene una significación especial, en tanto se trata del primer laboratorio del neoliberalismo en Nuestra América, y el lugar en dónde sus políticas económicas y su marco institucional presentan una continuidad más evidente con el ciclo histórico de las dictaduras cívico-militares. Basta echar una ojeada a la bibliografía neoliberal canónica para entender lo que Chile representa para las burguesías latinoamericanas: exactamente lo mismo que Cuba para las fuerzas populares o de izquierda. Allí, por otro lado, las políticas neoliberales han sido llevadas hasta la exasperación: podemos mencionar a modo de ejemplo el régimen de desamparo pensional de las AFP, la completa privatización y parcial municipalización de los servicios sanitarios y educativos, o el caso, único en el mundo, de la privatización de un bien común vital como lo es el agua: en el 2013 pude ver en la región del Biobío como agricultores tenían que pagar por el uso de los cursos de agua que pasaban a través de sus propios cultivos, dados que estos eran propiedad de terceros. Las protestas demuestran que tras los índices macro-económicos abstractos que publicita el “milagro neoliberal”, lo que hay son millones de perdedores de carne y hueso. Sólo eso explica el rápido pasaje del “oasis”, como lo definió Sebastián Piñera, a la hecatombe social.

Venezuela y Haití: la ocupación internacional y la soberanía transable

En septiembre de este año, alcanzó notoriedad un hecho de suma gravedad. La recuperación del anquilosado y extemporáneo Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un instrumento jurídico de la Guerra Fría que pretende enmarcar y legitimar el nuevo ciclo de agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela bajo la excusa de la “defensa mutua”. Esta estrategia conecta y es posibilitada por una inmediatamente anterior: la ridícula autoproclamación del anodino diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. Su figura, un mero fusible sin valor alguno, no tuvo otra motivación que presentar como una demanda interna, de sectores venezolanos, a la agresión externa planificada por la oligarquía colombiana y el Departamento de Estado norteamericano. Agresión que intentó concretarse por vía de la frontera colombo-venezolano con el falso ingreso de “ayuda humanitaria” el día 23 de febrero. Sin embargo, pese al concurso de los presidentes Iván Duque de Colombia, Mario Abdó de Paraguay y Sebastián Piñera de Chile, el intento fracasó por la unidad cívico-militar que defendió la frontera bolivariana. Pese al notorio desprestigio de Guaidó tras la filtración de fotos suyas con representantes del grupo paramilitar “Los Rastrojos”, el recurso al pedido de ocupación internacional, o peor aún, la tercerización de una eventual guerra por parte de los gobiernos ultraconservadores de los vecinos Brasil o Colombia, sigue sobre la mesa.

Hace pocos días, un hecho de similar gravedad pasó sin embargo desapercibido para propios y extraños. Apenas algún periódico en francés e inglés, y ninguno en español y portugués hasta donde sabemos, se hizo eco de la noticia. El presidente haitiano, Jovenel Moïse, dirigió a través de su canciller Bocchit Edmond una misiva a Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos. En ella solicitó a los norteamericanos asistencia alimentaria para enfrentar la hambruna en ciernes propiciada por las propias políticas ultraneoliberales y coloniales aplicada por el gobierno nacional, en pleno acuerdo con el tridente imperial (EE.UU., Francia y Canadá) y organismos financieros coactivos como el FMI y el Banco Mundial, los que de conjunto han destruido completamente la producción agrícola y la soberanía alimentaria del país. Pero la carta también solicita la contraparte logística para garantizar la distribución de dichos alimentos en un país periódicamente bloqueado por masivas protestas antigubernamentales, y con otras regiones que están bajo dominio de grupos criminales organizados, directamente vinculados al poder político. Dicha contraparte logística, por si no queda claro, estaría a cargo de militares norteamericanos. De esta forma se confirman los rumores que circulaban hace meses en la nación caribeña: el llamado de la oligarquía haitiana a una ocupación militar norteamericana que será enmascarada bajo la caratula de “ayuda humanitaria”, en el preciso momento en que la séptima semana de protestas rebasa las exiguas capacidades de la Policía Nacional, y cuando acaba de retirarse la última misión cívico-militar de la ONU, dejando al país sin policías ni militares extranjeros para la represión selectiva y el control poblacional.

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Analizando el caso venezolano o el haitiano, podemos concluir que las burguesías y las oligarquías locales, utilizan la soberanía como un bien transable. Y que no dudan ni dudarán en realizar llamamientos a la ocupación territorial por parte de potencias extranjeras, como antes lo hicieron con la proliferación de bases militares. Ante la imposibilidad de romper con sus propias fuerzas las diferentes situaciones de “empate”, y ante los elevados costos políticos y económicos de realizar invasiones militares clásicas en un mundo tendencialmente multipolar, se impondrán los conflictos subsidiarios o la instrumentalización de “actores nacionales” para justificar la violación de la soberanía.

Brasil, Uruguay y Argentina: fascismo social o relegitimación de las fuerzas militares

Cumplido su trabajo sucio, las fuerzas militares latinoamericanas y caribeñas emergieron más o menos deslegitimadas de las ráfagas de dictaduras cívico-militares de los años 60, 70 y 80, conforme la debilidad o fortaleza de los sectores que forzaron las transiciones democráticas, a si estas fueron pactadas con fuerzas insurgentes (Guatemala), controladas por militares que se mantuvieron en el poder bajo otras modalidades (Chile) o si estas se descompusieron cediendo paso al control de fuerzas civiles (Argentina). Y también en relación a cuanto se avanzó, a nivel popular e institucional, en procesos de memoria, justicia y reparación histórica. Pero no solo Ecuador o Chile evidencian el creciente protagonismo de las fuerzas militares en el continente, desplegadas en la vía pública y cebadas por el discurso de guerra interna, incurriendo en montajes, detenciones ilegales, torturas, violaciones y asesinatos. Es también el caso, ejemplar en muchos sentidos, de Brasil. Y en los países donde esta militarización directa no encuentra cauce por el momento, sobrevienen otros fenómenos asociados a la creación de “bolsones de fascismo”, o a los discursos punitivistas en torno a la pobreza y la inseguridad.

En el caso brasileño se produjo el acceso al poder de un militar retirado, neopentecostal fundamentalista, caracterizado por sus apelaciones al odio racial, sexo-genérico y de clase, el estímulo a la portación de armas y a la justicia por mano propia, así como por sus políticas de militarización como sucede en las favelas de Río de Janeiro. Se abrió así un nuevo capítulo en la historia del gigante continental que, por las peculiaridades de su historia colonial, nunca dejó de ser una nación dividida entre “casas grandes” y “senzalas”. Paradójicamente o no, el agravamiento de la crisis económica y política brasilera y el creciente desprestigio de Bolsonaro, lejos de inducir a una salida por izquierda, está alimentando más y más la radicalización conservadora de algunos sectores de la sociedad. A los crímenes de odio a homosexuales, jóvenes negros, campesinos, favelados y militantes de izquierda que no cesan de multiplicarse, debe sumarse el fortalecimiento del ala militar del gobierno, encarnado en el llamado “grupo de Haití”, conformado por los militares que pasaron por la comandancia de la MINUSTAH entre los años 2004 y 2017. La cuestionada “misión de paz” en Haití, comandada por Brasil, fue su más grande operación internacional, desplegada bajo la confusa retórica del “principio de no indiferencia” y en busca del codiciado asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Brasil, en Bolivia, en los países de la reciente diáspora venezolana, o en cualquiera de nuestras naciones, no podemos desestimar los fundamentos clasistas, raciales y coloniales de los procesos de “fascistización social” que son las bases de sustentación de outsiders y tiranuelos, antes marginales, pero ahora devenidos candidatos competitivos e incluso presidentes.

Brazil's President-elect Bolsonaro attends the graduation of officers of the School of Aeronautical Specialists in Guaratingueta

Uruguay, por su parte, convencional y algo estereotipadamente considerado como un país democrático en toda la línea, republicano sin mácula, afronta con importantes movilizaciones el intento de aprobar una reforma constitucioinal sumamente regresiva en materia de seguridad y derechos humanos. Bajo el nombre de “Vivir sin miedo” e impulsada por el senador Jorge Larrañaga del Partido Nacional, dicha reforma impulsa una política de militarización para combatir la delincuencia, y habilitaría, entre otras cuestiones, allanamientos nocturnos en domicilios particulares y la aplicación de la condena de pena perpetua por la comisión de meros actos delictivos. En Argentina, por su parte, ante la inminente derrota electoral de la coalición Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri se ha dedicado a dos estrategias complementarias que podrían incluso agravarse en los días por venir. Por un lado encontramos la política económica de tierra arrasada, tendiente a cerrar un ciclo de acumulación especulativa y depredatoria y a condicionar al próximo gobierno de Alberto Fernández. Ésta opera mediante el peso asfixiante de la deuda contraída con el FMI, la fuga de capitales, el shock inflacionario y los golpes tendientes a devaluar aún más la moneda nacional, como el que vimos luego de las elecciones primarias el pasado agosto. Por otro lado, ante la imposibilidad de alcanzar una mayoría electoral, el gobierno se ha dedicado a consolidar y templar una minoría intensa, reaccionaria, con asiento privilegiado en los sectores medios y medio-altos. El protagonismo inusitado adquirido por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su propia doctrina de seguridad interna, los dichos recientes del candidato a vicepresidente por Cambiemos, quién propuso dinamitar las villas, o incluso lo sucedido en la transmisión del último debate presidencial, cuando el candidato José Luis Espert amenazó en vivo al dirigente social Juan Grabois, no deben tomarse como exabruptos aislados. Se trata de una política transversal a varias fuerzas políticas que pretende construir bases sociales hiperconservadoras, proactivas y movilizables, activando las peores fibras sensibles del racismo y el clasismo argentinos, en sintonía con lo acontecido en otros países.

Lo reseñado obliga a dar de forma franca y urgente al menos dos debates: ¿cuál será el rol asignado por los próximos gobiernos progresistas a las fuerzas militares, que salvo en el caso venezolano, que supo reorientarlas política e ideológicamente, parecen volverse de nuevo quintacolumnas de los procesos de cambio? Y por otro lado, ¿cuál será la estrategia para sustraer del influjo de fuerzas reaccionarias, punitivistas o fundamentalistas a los perdedores de las políticas neoliberales? Vale la pena señalar que en muchas ocasiones estos han sido también perdedores o al menos espectadores indiferentes de las políticas neodesarrollistas, que en general han sostenido aún minorías intensas de pobres y excluidos.

Bolivia, ¿maniobra distractoria o nueva guerra híbrida?

Durante años, la firmeza del modelo político y económico de Bolivia la ha eximido de mayores tentativas de desestabilización por parte de la oposición doméstica e internacional, al menos si comparamos su caso con el de Venezuela y Cuba. El modelo win win podría ser descripto, pero no reducido, a algunas de sus variables económicas: control estatal de recursos estratégicos y empresas públicas, redistribución de ingresos originados en la renta hidrocarburífera y minera, una bajísima tasa de desocupación del orden del 5%, incremento constante del salario real, baja inflación, nacionalización parcial del sistema financiero, crecimiento promedio anual del 4.9%, aumento sostenido de la inversión pública y la expansión de diferentes programas de transferencia condicionada de ingresos.

Estas políticas, que han redundado en la notable reducción global de la pobreza, la indigencia y la desigualdad de ingresos, deben ser complementadas por otras variables que una mirada economicista quizás no tendría en cuenta, pero que Isabel Rauber sintetizó maravillosamente: “Parece fácil ver una ministra indígena, pero hace quince años atrás no podían caminar por la misma vereda que los blancos”. La reivindicación histórica del carácter indígena y plurinacional del que fuera el país más violentamente racista de nuestro continente, la construcción de una nación allí donde, al decir del marxista René Zabaleta Mercado, “cada valle era una patria”, las innovaciones del nuevo constitucionalismo boliviano, y las promesas e inconclusiones del proceso descolonizador, son factores que no podemos dejar de lado si hemos de comprender la vigencia del proceso de cambio. Más allá del debe y el haber del socialismo comunitario, de los cantos de sirena del “capitalismo andino-amazónico” y de las pingües ganancias obtenidas por capitales trasnacionales, ahora ciertamente más constreñidos por una política soberanista pero aún extrovertida, el gobierno de Evo Morales nunca dejó de sustentar una política integradora que colisiona con los intereses de los Estados Unidos en la región. Además, el acercamiento a China mediante diferentes acuerdos de inversión y el desarrollo de empresas mixtas, en particular en la estratégica industria del carbonato de litio, resulta odiosa para los yanquis, en tanto abre las puertas del país y la región a su competidor global.

Presidential election in Bolivia

A nivel interno, debemos mencionar la fragmentación y desorientación de las oligarquías blancas regionalistas tras el éxito de la Asamblea Constituyente en el año 2006 y tras su infructuoso intento separatista en el año 2008, fragmentación que recién comienza a recomponerse. Sumada a la expulsión de la USAID y otras ONGs coloniales que infiltraban Bolivia, la debilidad de la oposición local dejó a los Estados Unidos sin una base de sustentación real desde la que golpear al gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Sin embargo, el aún inacabado proceso electoral, otorga al momento de escribir estas líneas una victoria justa (en el sentido de justicia y de justeza) al MAS-IPSP en primera vuelta. Sin embargo, antes de terminar los cómputos, y queriendo dejar de lado los votos rurales históricamente favorables al partido de gobierno, el opositor Carlos Mesa y la entente internacional bajo el comando de la OEA y los Estados Unidos comenzaron a agitar el fantasma del fraude, queriendo forzar una segunda vuelta electoral que los volvería algo más competitivos. Además, la convocatoria a actos de violencia callejera, como los ataques a sedes partidarias del MAS y de la autoridad electoral, generan un clima de agitación que, según lo anunciado, será respondido por el sindicalismo obrero y campesino con concentraciones multitudinarias, defensivas y pacíficas. Por su parte, Evo Morales denunció la puesta en marcha de un golpe de estado, hipótesis por demás verosímil si atendemos los antecedentes inmediatos en Venezuela, Nicaragua y otros países. Esto podría tratarse del comienzo de un nuevo exponente de “guerra híbrida” que buscará tumbar al gobierno mediante la acción combinada de ataques económicos, acciones diplomáticas, terrorismo mediático, y el financiamiento y movilización de grupos irregulares presentados como exponentes descontentos de la “sociedad civil”.

También podría tratarse de una maniobra para retomar la iniciativa regional y pasar a la ofensiva en un momento en que numerosos países neoliberales son hostigados por movilizaciones populares, tal y como sucede en Chile, Ecuador, Honduras, Haití o Colombia. Por último, esto podría ser no más que un intento de establecer nuevas correlaciones de fuerzas para desgastar al gobierno desde el comienzo de su nuevo quinquenio en el poder, dado que es poco probable que la oligarquía nacional esté dispuesta a esperar otros cinco largos años hasta la próxima contienda presidencial. Como en Venezuela, la incompetencia electoral va de la mano con la radicalización violenta y antidemocrática de las clases dominantes locales. Muy probablemente, la operación en curso combine algunos elementos de todas las posibilidades reseñadas, y sus alcances y límites dependerán de la contundencia de la respuesta del gobierno, de los movimientos sociales, y de la solidaridad internacional de los gobiernos y fuerzas progresistas de la región.

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