Masacres y paramilitarismo en el Caribe
Mientras más se naturaliza la dramática situación social y securitaria de Haití, es cada vez menos frecuente que su coyuntura irrumpa, siquiera brevemente, en los titulares de la gran prensa internacional. Así, solo hechos de singular magnitud y crueldad logran por lo general operar ese milagro.
Este fue el caso del devastador terremoto de enero de 2010, del magnicidio del ex presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2022, de la espectacular fuga de 3.696 presos de la Penitenciaría Nacional en marzo de este año, y volvió a suceder ahora con la (nueva) masacre de Cité Soleil, una de las localidades marginales más populosas del país y la región, en donde los días 6 y 7 de diciembre se produjo el asesinato de alrededor de 180 personas a mano de uno de los jefes de la alianza de bandas conocida como Viv Ansanm.
El móvil habría sido una represalia del líder pandillero Micnanor frente a la prematura muerte de su hijo, supuestamente por efecto de un oficio realizado por practicantes de vudú, una religión sincrética y afrodescendiente presente en el país desde tiempos coloniales. Pero la supuesta causa de la masacre no ha sido confirmada, y ha servido más bien para ocultar el mundano trasfondo de una violencia pandillera generalizada que nada tiene que ver con hechos mágico-religiosos, que en general son utilizados para reconfirmar los prejuicios coloniales atávicos que consideran a Haití un país barbárico y supersticioso.
Así, la misma tragedia volvió a replicarse a escala en la madrugada del día 11 de diciembre, cuando la banda conocida como Gran Grif asaltó la localidad de Petite-Rivière, en el fértil valle del río Artibonite. Medios locales reportan de momento entre 15 y 20 víctimas fatales, entre ellas niñas y niños. La misma banda fue la responsable de la masacre de Pont-Sondé sucedida a comienzos de octubre, en donde otras 115 personas fueron asesinadas.
En este caso el ataque habría sido en respuesta al surgimiento de grupos de Bwa Kale en la región, un movimiento popular espontáneo por el que la población civil de todo el país comenzó a organizarse en grupos de autodefensa que resguardan el territorio del accionar de las bandas, a veces con la colaboración extra oficial de ciertos elementos de la policía. Cabe destacar que el departamento del Arbitonite, emplazado al norte de la capital Puerto Príncipe, ha sido uno de los principales focos de atención de los grupos paramilitares que ya dominan desde hace años la geografía metropolitana.
Estos dos casos son apenas botones de muestra de una operación masiva y sistemática de exterminio y expulsión: una auténtica “operación masacre” que ha desplazado a más de 700 mil personas y que sólo este año se ha cobrado alrededor de 5 mil víctimas fatales según Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Cabe destacar que si bien las bandas armadas, antes pequeñas y dispersas, fueron creadas y estimuladas por diferentes fracciones del poder político local para operar a favor de ciertos grupos o figuras, éstas tuvieron un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos años. Federadas a partir de 2019, estas bandas han logrado aterrorizar a la población local y controlan alrededor de las cuatro quintas partes del territorio de la ciudad capital y sus alrededores.
A su vez, este empoderamiento está estrechamente relacionado con la infiltración de ex marines y mercenarios llegados desde los Estados Unidos, proceso coincidente con un masivo ciclo de movilización social que en los años 2018 y 2019 protestaba contra las políticas neoliberales del FMI, el desfalco multimillonario de fondos públicos por parte del gobernante partido PHTK y contra la injerencia manifiesta de los Estados Unidos en los destinos de la pequeña nación caribeña.
La internacionalización del escenario local
Desde hace décadas, la situación política haitiana tiene poco de doméstico y mucho de geopolítica global. La coyuntura actual no es excepcional en ese sentido. Algunos acontecimientos de los últimos años demuestran la extrema internacionalización del escenario local; el derrocamiento, en dos ocasiones, del presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide con el soporte de potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá; el despliegue durante 13 años de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con más de 9.000 militares y 4.300 policías oriundos de 33 países; la llegada al poder del PHTK, un partido ultraconservador y neo-duvalierista auspiciado por los Estados Unidos y el llamado Core Group; el magnicidio del ex presidente Jovenel Moïse a mano de varias decenas de mercenarios de nacionalidad colombiana y estadounidense, etcétera.
Pero nada evidencia tanto la conexión internacional como el flujo de las economías ilícitas, ante todo de armas que llegan y drogas que parten, utilizando el territorio caribeño como estación de paso. Según Sylvie Bertrand, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), «la mayoría de las armas de fuego y municiones que se trafican en Haití, ya sea directamente o a través de otro país, proceden de Estados Unidos». Ya en 2020, un informe de la ONU estimaba en medio millón las armas circulantes producto del tráfico, algunas de ellas altamente sofisticadas, como ametralladoras y fusiles de asalto.
En 2022, decenas de armas y miles de cartuchos fueron interceptados en un cargamento que partió de La Florida con destino a la iglesia episcopal de Haití. Con otras coartadas, el escenario se repite de manera incesante. A las armas se suman las drogas manufacturadas en Sudamérica para su consumo en los Estados Unidos. Según el portal especializado Insight Crime, Haití ha resurgido en los últimos años como estación de tránsito para la cocaína trasegada hacia la gran potencia del norte. De esta manera, el narcotráfico sería uno de los fundamentos del financiamiento y empoderamiento del crimen (políticamente) organizado de Haití, así como la extorsión a la población civil o el control de la terminal portuaria de Varreux, con capacidad para almacenar hasta 50 millones de galones de combustible.
A este peligroso tráfico se suma también ahora el vecino insular, la República Dominicana. El escándalo conocido como “Operación Pandora” reveló que elementos de la policía nacional de aquel país sustrajeron y vendieron a los grupos paramilitares de Haití más de 900 mil proyectiles por un monto cercano a los 65 millones de pesos, así como fusiles Colt M-16. Un coronel y otros altos mandos de la fuerza han sido ya imputados por el ministerio público, en lo que podría ser apenas la punta del iceberg.
En el reverso del empoderamiento de las bandas se encuentra el debilitamiento de la propia policía nacional haitiana, en sentido realista el único cuerpo securitario con que cuenta el país. En 1995 el gobierno progresista de Jean-Bertrand Aristide disolvió las Fuerzas Armadas, implicadas en el golpe de Estado de 1991, las que comenzaron a ser lentamente reorganizadas en los últimos años. Durante el año 2023, un plan migratorio orquestado por la administración Biden redundó en que más de 3.000 agentes de la policía nacional abandonasen Haití con rumbo a los Estados Unidos, lo que representa más de un 25 por ciento de sus efectivos totales, según la denuncia del economista y dirigente haitiano Camille Chalmers.
Por eso es que el contingente policial llegado desde Kenia en este año es visto con escepticismo, y considerado como una estrategia dilatoria –lanzada en plena campaña electoral estadounidense– más que como una apuesta real por combatir y erradicar a los factores armados irregulares. Al historial de la policía keniana en lo que respecta a violaciones sistemática de los derechos humanos, se suma el recuerdo de la población haitiana de los crímenes de la MINUSTAH, responsable de resonados casos de violencia sexual, de perpetrar varias masacres (una de ellas precisamente en la localidad antes mencionada de Cité Soleil), y de propagar una epidemia de cólera que según datos oficiales se cobró 9.785 víctimas fatales e infectó a cerca de 800 mil personas, aunque figuras como el médico francés Renaud Piarroux y el ex representante de la OEA Ricardo Seitenfus consideran la cifra real muchísimo más elevada.
Además, los 430 policías desplegados a la fecha (que según el plan original deberían ser unos 2.500, según lo anunció el presidente keniano William Ruto), no cuentan con preparación para combatir a grupos paramilitares fuertemente armados y capilarizados en una geografía compleja y un medio social hostil. A esto se suman otras complicaciones, como su desconocimiento de la sociedad local y de su idioma, tanto de parte de los kenianos como de algunos policías auxiliares llegados de Jamaica, Belice y Bahamas con intermediación de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la que desde hace tiempo viene mediando en la crisis haitiana en pos de una forzada solución extraterritorial.
Balcanizados, recluidos y «gobernados»
El último elemento internacional a considerar tiene que ver con la reclusión de los haitianos y haitianas en una virtual cárcel a cielo abierto, una suerte de Franja de Gaza del Caribe. No sólo por el hecho de que las bandas ocupan ya la mayoría de la capital y sus alrededores, sino porque el sitio de la ciudad ha fragmentado el territorio nacional de manera evidente. La geografía de la estratégica bahía de Puerto Príncipe, y el control de las bandas de todos los accesos a la ciudad, han partido al país en varios pedazos, permitiéndole a los grupos paramilitares controlar los desplazamientos hacia los departamentos del norte, del sur, de la altiplanicie central y de algunos de los pasos fronterizos. Hasta las ONG que provén ayuda humanitaria se han visto obligadas a negociar con las pandillas el acceso a algunos departamentos, como sucedió luego del terremoto de 2021.
Además, las bandas han atacado de manera oportuna y reiterada el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, el más importante del país, impidiendo incluso el aterrizaje del ex Primer Ministro Ariel Henry en marzo de este año. Pese a su reciente reapertura, Estados Unidos prohibió a sus compañías (la mayor parte de las que hoy por hoy cubren las rutas aéreas hacia Haití) volar al país al menos hasta el mes de marzo de 2025. A esto se suman también las enormes dificultades de comunicarse con los ciudadanos en el país, con servicios telefónicos mayoritarios que como Natcom y Digicel funcionan desde hace meses de manera intermitente y muy deficitaria.
Al otro lado de la isla, la vecina República Dominicana ha sumado aún más elementos al completo aislamiento de Haití, restringiendo o directamente impidiendo a la prensa internacional acceder al país por el único paso fronterizo seguro, ubicado al norte del país, en la localidad de Dajabón. La restricción comenzó en septiembre de 2023, cuando el presidente dominicano Luis Abinader decidió cerrar la frontera con motivo de un diferendo binacional sostenido en torno a la canalización de agua del conocido Río Masacre. También es frecuente que el país niegue a los haitianos el derecho de tránsito para abordar vuelos internacionales desde su territorio, lo que ha impedido que los naturales de Haití puedan dar testimonio de primera mano de la crítica situación de su país en el exterior.
Por último, y en un escenario que más que a la asediada Gaza o la balcanizada Libia remite a los últimos acontecimientos de Siria, también en Haití sectores de la “comunidad internacional” han comenzado a coquetear con una “gobernabilidad” muy peligrosa y singular. Mientras que en Siria los grupos yihadistas radicalizados son presentados por la prensa occidental como “rebeldes moderados”, empieza a darse la misma pátina de legitimidad política a los grupos paramilitares haitianos.
Así, la ex embajadora estadounidense en Haití, Pamela White, llegó a considerar la inclusión de las bandas armadas como “parte de la solución” a la crisis. La diplomática se refería tal vez a figuras como Jimmy Chérizier (alias Barbecue), líder del G9 y responsable de varias masacres, aunque mencionó concretamente a Guy Philippe, un ex policía que entrenado y financiado por la CIA colaboró en el golpe contra Aristide en 2004, sin cuyo derrocamiento es imposible comprender la crisis política y securitaria actual. Philippe estuvo seis años encarcelado en Miami por narcotráfico, pero fue repatriado a Haití por las autoridades estadounidenses en 2023, en un contexto ya de por sí explosivo.
La declaración de White, la infiltración probada de mercenarios norteamericanos, las ineficaces “sanciones” decretadas contra los jefes paramilitares, los fondos permanentemente retaceados a la misión policial keniana, el tráfico masivo de armas desde los Estados Unidos, así como el oportuno retorno consentido de Philippe, instalan la pregunta de si el objetivo occidental es combatir o más bien empoderar a los grupos paramilitares, si se trata de erradicarlos o de auparlos al poder del Estado. Quizás la paramilitarización sea mucho más que un hecho fortuito, y responda más bien a una estrategia tercerizada de intervención neocolonial, tendiente a garantizar el control violento de recursos, territorios y poblaciones. Como también aseguró la ex embajadora con conocimiento de causa: “Haití es demasiado rico para ser pobre”.
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