Diversos analistas coincidían en que una victoria holgada de Daniel Noboa en la consulta popular celebrada este domingo 21 de abril allanaría el terreno para que el presidente pueda controlar la transición política que atraviesa el Ecuador desde la «muerte cruzada» que puso fin al gobierno de su antecesor Guillermo Lasso en noviembre del año pasado. Así, un triunfo categórico dejaría al actual mandatario a las puertas de su virtual reelección –ésta vez para cumplir un período completo– en las comicios convocados para febrero del año entrante. Sin embargo, el saldo de la jornada fue muy diferente al esperado, incluso para sus propios detractores.
La pequeña nación sudamericana vivió, en una coyuntura excepcional, una consulta popular heterogénea en sus contenidos y algo confusa en la formulación de las 11 preguntas que fueron sometidas al escrutinio general de la ciudadanía. Sin embargo, la participación fue alta y convocó a las urnas a casi 10 de los 13.6 millones de electores habilitados para sufragar. Evidentemente se trató de un hecho político mucho más complejo de interpretar que una elección presidencial o un simple plebiscito. Quizás por eso, tanto oficialistas como opositores decidieron comunicar lo que interpretan como victorias respectivas.
El contexto: crisis de seguridad y aislamiento internacional
Varios hechos de distinta gravedad marcaron la campaña electoral de este referéndum y consulta popular. El más resonante fue el reciente asalto ordenado por Noboa a la sede diplomática de México en Quito, cuando la nación azteca decidió otorgar el asilo político solicitado por Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano y uno de los principales líderes de la Revolución Ciudadana. El hecho, violatorio de la Convención de Caracas, la Convención de Viena y varios otros tratados internacionales, le valió la condena casi unánime de las cancillerías de la región y de organismos multilaterales como la CELAC, la OEA y las Naciones Unidas, así como un proceso pendiente ante la Corte Internacional de Justicia y un pedido de suspensión de su membresía en la ONU.
La captura forzosa de Glas buscaba y en cierto sentido logró oficiar de chivo expiatorio en un momento de zozobra gubernamental, así como revitalizar la vieja y redituable polarización conservadora entre correísmo y anti-correísmo. La temeraria iniciativa no resultó gratuita al gobierno, dado que le costó al joven empresario una severa reprimenda de sus pares y sometió a su país a un aislamiento internacional sin precedentes.
El otro elemento clave de la actualidad ecuatoriana es la desbocada crisis de inseguridad que atraviesa un país que hasta hace apenas una década supo ser uno de los más seguros de la región, y que se convirtió hoy en sinónimo de inseguridad, violencia y criminalidad. Lo que sucede en Ecuador no puede comprenderse sin recurrir a la nueva geopolítica del narcotráfico, al trazado de nuevas rutas por parte de las economías ilícitas, a la producción y venta de nuevos estupefacientes, así como a los cambios políticos y geopolíticos sucedidos en América Latina y el Caribe en el último tiempo.
Sin embargo, es igual de evidente que los últimos ocho años de gobiernos neoliberales y el deterioro de casi todos los índices socio-económicos, así como el repliegue del Estado, fueron el caldo de cultivo ideal para que prosperen fenómenos como la narcocriminalidad y el crimen organizado.
Los resultados: la consulta y lo inconsulto
Un análisis de los datos preliminares transmitidos por el Consejo Nacional Electoral certifican que las seis preguntas de la consulta y las cinco del referéndum –la diferencia es que éstas últimas implican reformar la Constitución– fueron decodificadas por los electores como lo que en realidad eran: dos grupos de preguntas no sólo diferentes en su forma y en sus alcances jurídicos, sino también –y fundamentalmente– en su contenido.
Nueve de las once preguntas ofrecieron a la ciudadanía ratificar una política que el gobierno de Noboa impulsó de manera inconsulta desde sus primeros días de gobierno, y en particular desde los episodios de inseguridad de alto impacto registrados en la ciudad de Guayaquil el 8 de enero de este año: se trata del decreto de un “conflicto interno armado”, de la definición del narcotráfico y el crimen organizado como “actores beligerantes no estatales”, de la militarización del país –que conllevó tres meses de estado de excepción– y de los acuerdos suscritos en materia de seguridad con los Estados Unidos durante el gobierno de Lasso, ratificados por la actual administración, que ha profundizado su alineamiento geopolítico con el Norte Global.
Así, las preguntas incluían la autorización de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, habilitar la extradición, incrementar las penas de algunos delitos complejos, punir la tenencia de armas, “simplificar” la extinción de dominio, etcétera. Las preguntas mezclaban cuestiones sin oposición razonable (como la extinción de dominio), asuntos ya rechazados en consultas anteriores (como la extradición), cuestiones sumamente técnicas (como las judicaturas especializadas), cambios legislativos que de todos modos deben pasar por la Asamblea Nacional y aspectos ya sancionados por el poder judicial; es decir, medidas sin efectos prácticos.
Pero lo más importantes es que se trató de preguntas que, a tono con las nuevas doctrinas de seguridad e intervención hemisféricas, borronean las fronteras entre seguridad y defensa, entre delincuencia y guerra y que, finalmente, confunden el combate a los criminales con el control y la militarización de poblaciones enteras; en particular, en Ecuador, de las comunidades indígenas y de sus poderosas confederaciones que, entre 1997 y 2007, lograron por ejemplo deponer a tres presidentes.
Frente al estado de conmoción a que se haya sometido el país desde el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio –hecho que alteró profundamente el resultado de las últimas elecciones–, el triunfo oficialista fue contundente: todas las preguntas referidas a seguridad obtuvieron entre el 60 y el 72 por ciento del apoyo popular. De esta manera, Noboa confirma su victoria en la polarización con que buscar reordenar el sistema de partidos –el clivaje gobierno vs. crimen organizado–, emulando de esta manera la exitosa estrategia política y punitiva seguida por Nayib Bukele en El Salvador.
Pero otras dos preguntas, totalmente ajenas al asunto de la inseguridad, desentonaban del conjunto. Una proponía que el Estado ecuatoriano se someta al arbitraje internacional, en particular de tribunales radicados en los Estados Unidos, en que los países de América Latina y el Caribe perdieron históricamente sumas multimillonarias ante el litigio presentado por las grandes compañías trasnacionales (muchas de ellas, no casualmente, de capitales norteamericanos). Este es un asunto sumamente sensible, dado que Ecuador podría llegar a pagar 2.426 millones dólares en laudos por ejecutar, sólo en el año 2024. La cuenta más cara sería con Chevron, favorecida por un fallo de la Corta de la Haya en agosto del 2018, pese a que la multinacional petrolera fue acusada por la justicia local de cometer uno de los crímenes ambientales mas lesivos de la historia en la región amazónica.
La otra cuestión proponía una reforma laboral de facto, al modificar el Código del Trabajo y permitir el contrato a plazo fijo y por horas, profundizando una precarización laboral ya muy extendida. Las preguntas proponían así confiscar algunos de los derechos adquiridos con la Constitución de Montecristi, una de las más avanzadas del planeta, sancionada en el año 2008 durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa. Ante estas preguntas, la opinión de la ciudadanía fue exactamente la inversa: el arbitraje internacional fue rechazado por el 64.2 y la reforma laboral por el 68.2 por ciento de los electores.
¿Quién ganó qué?
En esta consulta fueron tres cosas las plebiscitadas: la guerra contra el crimen (con sus onerosos costos sociales y su probadaineficacia), una nueva ronda de políticas neoliberales (frente a las que no hay un consenso social mayoritario) y la imagen del propio presidente. Noboa gana con holgura la primera contienda –que no se vio afectada por el escándalo de la embajada–, pierde categóricamente la segunda y ve parcialmente afectada la tercera, lo que condiciona una transición política frente a la que quiere colocarse como el único candidato conservador.
Del otro lado del espectro político, el principal drama sigue siendo la nunca saldada fractura entre la Revolución Ciudadana (que, aunque asediada, mantiene la mayor representación electoral y parlamentaria del país), y buena parte del movimiento indígena (que concentra en la CONAIE, bajo la dirección de Leónidas Iza, casi toda la capacidad de movilización social). Más acá y más allá de la consulta, la autofagia de las izquierdas sigue siendo la mejor aliada del proyecto neoliberal y autoritario de las élites empresariales que representa Daniel Noboa.
Todos los puentes 
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