Colombia: elecciones bajo control militar

Como sucedió en las últimas citas electorales, una serie de irregularidades perturban el escenario democrático colombiano. Resonados casos de espionaje, videos filtrados a la prensa, controversias sobre las garantías electorales, y la negativa de Rodolfo Hernández a concurrir a los debates previstos con su contrincante Gustavo Petro-aún con la mediación de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá– fueron algunos de los hechos más connotados de la recta final de la campaña.

Pero el más notorio de los sucesos ha sido el anuncio de un inédito proceso de militarización en 50 municipios de 12 departamentos del país, en el marco del llamado Plan Democracia 2022, que prevé movilizar a 80 mil miembros del Ejército y a 94 mil efectivos de la Policía Nacional. La demostración de fuerza contrasta con los magros 19.729 efectivos militares movilizados durante el Paro Armado del mes de mayo, cuando la organización paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocida como el Clan del Golfo) paralizó de forma violenta 11 de los 23 departamentos del país, ocasionando, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el confinamiento de regiones enteras y unas 24 víctimas civiles.

Razzias

Bogotá, Cali, Popayán y Bucamaranga han sido algunos de los escenarios de las razzias policiales que en los últimos días ocasionaron la detención de más de 40 jóvenes y líderes y lideresas sociales. La elección de los territorios de despliegue de la fuerza pública no parece casual: las tres primeras ciudades -la capital nacional y dos importantes cabeceras departamentales- fueron escenarios privilegiados del estallido social que en abril de 2021 conmovió al país, profundizando el descrédito en que se haya sumido el presidente Iván Duque, cuya imagen negativa asciende al 67 por ciento según la consultora Invamer.

Las tres urbes han sido, además, importantes bastiones electorales del Pacto Histórico en las elecciones parlamentarias de marzo y en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En estas localidades, en mayo, Petro aventajó a Hernández por 25, 39 y 49 puntos porcentuales respectivamente. De allí que diversos analistas interpreten el Plan Democracia 2022, anunciado por el general Jorge Luis Vargas cuatro días antes de los comicios, como un intento de aterrorizar y desmovilizar a un segmento social clave: los jóvenes, en particular los de los grandes conglomerados urbanos, simpatizantes mayoritarios del Pacto Histórico.

Según el relevamiento realizado por CELAG hace pocos días, en esta franja etaria Petro aventajó a su rival Hernández en casi 20 puntos. Por lo tanto, la merma del histórico abstencionismo juvenil podría aportar los votos decisivos en un escenario tan reñido.

Detenciones arbitrarias

En Popayán, los jóvenes Andrés Duque y Bremen Hinostroza, activistas de las diferentes ocupaciones urbanas surgidas en el marco de la pandemia, fueron detenidos de forma arbitraria. Durante el estallido social, Duque y otros dos militantes payaneses fueron públicamente sindicados por el Ministro de Defensa Diego Molano como presuntos terroristas y como colaboradores de las disidencias de las FARC, imputaciones que nunca fueron siquiera investigadas. En lo que va del año, 86 lideres sociales y 21 firmantes de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las FARC-EP fueron asesinados, en unos de los países más inseguros del mundo para ejercer el derecho a la protesta social y la participación política.

La otra ciudad que ha sido militarizada no resulta menos sintomática: Bucamaranga, cabecera del departamento de Santander, es la ciudad en que Hernández se desempeñó como alcalde desde el 2016 hasta su renuncia en el año 2019. Allí fueron detenidas unas 12 personas -estudiantes, militantes y trabajadores ambulantes- a los que se acusa de haber sido parte de la llamada “primera línea” de las protestas, y a los que se intentan vincular, de forma infructuosa a la fecha, con delitos de narcotráfico.

Indepaz, la ONG Temblores y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) se pronunciaron contra las detenciones irregulares y la ausencia de debido proceso en los operativos. Por su parte, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz criticó los lineamientos de la Fiscalía, ejecutados por la Policía, aduciendo que “con estas detenciones, el fiscal General de la Nación mantiene una política de persecución, estigmatización y judicialización de la protesta social”.

A este candente escenario social se suma la continuidad de los operativos militares contra las disidencias de las FARC en territorios como la frontera colombo-venezolana y el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Pese a la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana en el año 2016, distintos frentes y ex combatientes de la organización guerrillera que supo ser la más antigua del hemisferio se negaron a dejar las armas. El incumplimiento sistemático de los acuerdos -diversos especialistas hablan de la concreción de apenas el 15 por ciento de lo pactado entre el Estado y la insurgencia-, así como la falta de garantías para la vida y reinserción social de los firmantes, nutrieron las filas de las disidencias. En este contexto, el lunes 13 de junio, un bombardeo del Ejército Nacional abatió al jefe guerrillero Leider Johany Noscué -alias Mayimbú– en las zonas rurales del municipio de Suárez, en Cauca.

Es en este complejo escenario social y militar que los 39 millones de colombianos y colombianas habilitadas para votar concurrirán a las urnas este domingo, sin demasiadas garantías de que la continuidad de la guerra y los procesos de militarización no afecten la libre elección de la ciudadanía. 

*Publicado en Página/12

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