No hay nada zonzo en defenderse de una agresión, ni en el derecho de una nación a preservar su integridad territorial y la seguridad de su población frente a una amenaza externa. Tal y como reza el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el orden jurídico internacional reconoce “el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectivo, en caso de ataque armado”. Lo zonzo, y en esto se funda el trazo grueso de la narrativa del aparato de propaganda israelí (la hasbará, “explicación” o “esclarecimiento” en hebreo moderno), es confundir al agresor con el agredido, victimizar al victimario, invertir la carga de la prueba en desmedro del colonizado y absolver de toda culpa y cargo al colonizador.
Sin entender ni historizar el hecho colonial palestino-israelí (o árabe-israelí o árabe-occidental, según la amplitud de la perspectiva asumida), cualquier aproximación a la situación en Medio Oriente sólo podrá arrojar confusión. Una confusión que tiene poco de espontáneo y mucho de organizado, y que sirve a actores, propósitos e intereses bien definidos. Si esto sucede es porque estamos en presencia de una zoncera vieja, experimentada y mañosa, llena de subterfugios ideológicos, chantajes morales, recursos retóricos y zancadillas históricas. No es de extrañar, por tanto, que sea tan difícil desmontarla. En este caso, como en tantos otros, lo mejor será descomponer a la zoncera madre en tantas otras sub-zonceras, vástagos directos de aquella primera.
El enemigo es Hamás
Desde el 7 de octubre, la nueva fase de la limpieza étnica emprendida por Israel fue presentada como una guerra concerniente solo a Israel y a la organización armada sunita Hamás: durante meses, miles y miles de titulares de la gran prensa occidental, con mínimas variaciones, recortaron el drama de esta manera, borroneando la historia larga de uno de los conflictos más antiguos de la humanidad.
Pero la limpieza étnica del conjunto de la población palestina se encuentra como posibilidad o recomendación temprana en los mismísimos orígenes de la ideología nacional sionista y en los fundadores del Estado israelí, mucho antes de que existieran Hamás y otras organizaciones equivalentes como la Yihad Islámica Palestina, los Hutíes o Hezbolá, o Estados rivales como el Irán de los Ayatolás. Primero la migración, asentamiento y colonización, y luego la expulsión sistemática de las poblaciones árabe-musulmanas, fue el modus operandi histórico de los sionistas, al menos desde la segunda Aliá (como se conoce en hebreo a las corrientes de “retorno” a la “tierra prometida”, en su mayoría de judíos de Europa del Este) hasta los años de la Nakba, la operación masiva de limpieza étnica que en 1948 y los años subsiguientes destruyó 500 pueblos y 11 barrios palestinos, expulsó a 700 mil habitantes originarios y masacró a varios miles de personas, según lo detallado por el reconocido historiador israelí Ilan Pappé. Antes y después de ese quiebre histórico se utilizaron métodos brutales, políticas de cerco y aniquilamiento, y se echó mano de organizaciones paramilitares judías.
El 12 de junio de 1895, Theodor Herzl, principal ideólogo del sionismo, escribía en su diario: “Tras ocupar la tierra y expropiar la propiedad privada, intentaremos por todos los medios expulsar inadvertidamente a la población pobre al otro lado de la frontera, procurándole empleo en los países de tránsito, pero negándoselo en nuestro país”. A lo que añadía que “tanto el proceso de expropiación como el desahucio de los pobres debe llevarse a cabo con discreción y cautela”. En la misma línea, el 5 de octubre de 1937 el primer mandatario de Israel, David Ben-Gurión, exhortaba a los suyos: “Debemos expulsar a los árabes y apoderarnos de sus lugares […] y si tenemos que recurrir a la fuerza —no para desposeerlos del Negev y Transjordania, sino para garantizar nuestro derecho a asentarnos en dichos lugares—, la tendremos a nuestra disposición”.
El entuerto colonial adquirió una pátina de legalidad cuando en 1947 el conocido “Plan de partición” de las flamantes Naciones Unidas definió la creación de un Estado árabe y de un Estado judío en los territorios palestinos históricos. Para colmo de males, la población nativa, para ese entonces de 2 millones de personas, recibió tan sólo el 44 por ciento de su propio territorio, frente al 56 por ciento que fue destinado a la minoría conformada por unos 600 mil colonos de procedencia reciente. Pero la voracidad del proyecto colonial sionista no tardaría en cifrar en el reemplazo poblacional y en la ansiada superioridad demográfica la clave de su éxito futuro, por lo que practicó desde entonces nuevos mecanismos de expulsión y colonización, por ejemplo en los asentamientos ilegales de Cisjordania y Jerusalén Este establecidos desde la Guerra de los Seis Días de 1967, declarados ilegales por las Naciones Unidas, por la Corte Internacional de Justicia y por Amnistía Internacional, entre otros organismos. Así, Erika Guevara Rosas, de Amnistía, afirmaba este año: “La ocupación y la anexión de los territorios palestinos por parte de Israel son ilegales, y las leyes y políticas israelíes que discriminan a la población palestina violan la prohibición de la segregación racial y del apartheid.”
En lo que respecta a la organización Hamás, esta fue fundada recién en 1987. Lejos de ser un “grupo”, se trata de una organización cívico-militar de masas que goza de gran arraigo popular, hasta el punto de que resultó democráticamente electa en los comicios de 2006 en Gaza, imponiéndose a partidos tradicionales que como Al Fatah contaban con la simpatía y apoyo occidentales. Hamás tiene además un brazo armado, las Brigadas Al-Qasam, al estilo de las viejas organizaciones político-militares. Pese a que Hamás es sindicada en general como una organización que buscaría la destrucción del Estado de Israel y el aniquilamiento del pueblo judío, sus estatutos del año 2017 aceptan las fronteras de 1967, buscan el establecimiento de un Estado palestino en los territorios así delimitados y definen como sus enemigos no ya a los judíos sino al proyecto colonial sionista.
Sin embargo, el conflicto es mucho más antiguo que Hamás y se retrotrae al menos, como vimos, al bienio 1947-1948, y encuentra antecedentes tan lejanos como el Mandato Británico de Palestina de principios del siglo XX o incluso, hacia fines del XIX, en la formulación del proyecto nacional-colonial sionista. Las operaciones iniciadas como represalia y castigo colectivo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 son apenas una fase, la última, de un largo y agónico conflicto.
Además, la organización armada, definida hoy como “terrorista”, surge de un proceso de islamización de la resistencia palestina que fue estimulado y hasta financiado por el propio Israel, interesado entre los años 50 y 70 en debilitar a organizaciones seculares de izquierda como la OLP de Yasir Arafat, que supieron gozar de gran predicamento y constituir una serie amenaza para el proyecto colonial israelí, así como para la geopolítica de los Estados Unidos, dada su proximidad ideológica con la extinta Unión Soviética. Así, en las muy citadas declaraciones de Yitzhak Segev al The New York Times, el militar israelí aseguró: “El Gobierno israelí me dio un presupuesto y el gobierno militar se lo da a las mezquitas”; fondos que según el periódico estaban destinados “tanto para mezquitas como para escuelas religiosas, con el fin de fortalecer una fuerza que se opone a los izquierdistas partidarios de la OLP”.
Como sea, la coartada de Hamás duró poco: a este objetivo declarado en un principio como único se han sumado ataques a otras organizaciones como Hezbolá y los Hutíes; a los territorios asediados de Palestina les han sucedido los del Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán; y mientras atronan las bombas en Gaza se ha profundizado el accionar violento de los colonos israelíes en Cisjordania, en donde no gobierna Hamás sino la muy solícita y colaboracionista Autoridad Nacional Palestina de Mahmud Abás. Cuyo estímulo, a su vez, tiene que ver con una nueva estrategia de Israel para dividir a los palestinos y para debilitar, en este caso, a la que consideran la mayor amenaza del presente: la resistencia armada islámica.
Una “operación limitada”
Hasta la fecha, 163 mil estructuras, el 63 por ciento de todas las edificaciones existentes, han sido destruidas en Gaza, según un informe del Centro Satelital de las Naciones Unidas. Esto, a cuenta del lanzamiento de más de 70 mil toneladas de bombas en apenas seis meses, lo que supera los bombardeos combinados contra Londres, Hamburgo y Dresde en la Segunda Guerra Mundial, según lo consigna el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos; y lo que aventaja de lejos los 35 kilotones de potencia explosiva desplegados con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Algunos de estos artefactos tienen un radio de fragmentación de 365 metros (equivalente a 58 campos de fútbol americano), según lo pudo atestiguar un análisis elaborado por la CNN y la empresa Synthetaic, que se valió de la inteligencia artificial para medir y analizar los cráteres que se multiplican en Gaza como si se tratase de la superficie lunar. “No se había visto [un bombardeo así] desde Vietnam”, aseguró Marc Garlasco, un ex analista de seguridad de los Estados Unidos. Ni siquiera la guerra de Irak ni la guerra contra el ISIS movilizó tal capacidad destructiva, a veces a través de “bombas tontas” (munición no guiada), o en ocasiones con el lanzamiento de bombas de hasta 900 kilos, como las MK-84 de las que Estados Unidos proporciona a Israel. Para el 10 de diciembre, apenas dos meses después del comienzo del asedio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que habían atacado ya más de 22 mil objetivos en Gaza, siendo ésta una de las zonas más densamente pobladas del planeta.
Esta política de tierra arrasada y asedio indiscriminado contrasta notablemente con los argumentos oficiales de Israel y la prensa occidental, que hablan de objetivos selectivos, operaciones limitadas y ataques quirúrgicos que estarían destinados a destruir a una organización insurgente, sin considerar como objetivos a la población civil. Esta es uno de las zonceras que repite como un mantra Roni Kaplan, capitán y portavoz de las FDI para el mundo hispano-hablante. Recordemos que en el mes de mayo el gobierno de Netanyahu hablaba ya de 30 mil muertos palestinos, de los que unos 14 mil serían “terroristas” y unos 16 mil civiles.
En la polémica sostenida con Pablo Echenique en un medio español, Kaplan no dudó en defender como razonable, legítima y cuasi humanitaria la relación entre un inocente asesinado por cada combatiente abatido, relación que por otro lado resulta fácilmente controvertible si atendemos a que el gobierno israelí no publicó listado alguno y a las estimaciones médicas antes citadas. Y más aún si consideramos que en 2023 la cadena británica BBC calculaba entre 20 y 30 mil los combatientes de las Brigadas al Qassam, cuando las víctimas totales del enclave, como dijimos, podrían elevarse hasta las 186 mil personas. Aún si la mayoría o buena parte de los milicianos guarnecidos en túneles subterráneos hubieran sido abatidos (cosa que la propia continuidad del conflicto refuta), la desproporción entre civiles y combatientes asesinados seguiría siendo totalmente desmesurada.
La zoncera de la “operación limitada” busca hacer frente al buen sentido que ve en el asedio a Gaza una operación masiva de limpieza étnica, y encuadrar los ataques de Israel en los maltrechos contornos del derecho internacional humanitario. Al fin y al cabo, como dijo el historiador pakistaní Tariq Ali, el derecho “internacional ha muerto, ha sido aesinado”. Todos estos principios humanitarios, sin excepción, han sido profanados.
El “principio de limitación”, que busca restringir el tipo de armamento desplegado, prohíbe expresamente la utilización de armas incendiarias como el fósforo blanco, capaz de quemar la piel y la carne hasta el hueso. Según Human Rights Watch, Israel ha utilizado este tipo de munición en Gaza y el sur del Líbano. Por su parte, el “principio de necesidad militar” busca orientar la acción bélica a lograr el sometimiento del enemigo atendiendo, de manera estricta, a debilitar sus fuerzas armadas: pero ni aún tomando por buenos los datos de Kaplan y las FDI Israel se estaría amparando en este principio, considerando los bombardeos deliberados y sistemáticos a hospitales, escuelas, universidades, mezquitas, medios de comunicación u oficinas de las propias Naciones Unidas.
En ese sentido fue violado también el “principio de distinción” entre combatientes y no combatientes y el “principio de humanidad”, en virtud del cual toda persona que no sea combatiente o haya dejado de participar en las hostilidades debe ser tratado humanamente, viendo sus vidas respetadas y protegidas. Así lo demuestra un reciente estudio de Oxfam, que estipula que el ejército israelí asesinó en un año a más mujeres y niños que cualquier otro conflicto en el mismo período. O el caso de los localizadores de Hezbolá: como reportó la periodista española Olga Rodríguez, estos dispositivos “explotaron en supermercados, tiendas de telefonía móvil, coches, casas, cafeterías o en plena calle”, es decir en zonas civiles. Así, Human Rights Watch denunció que “el uso de objetos civiles de uso cotidiano como dispositivos explosivos pone a los civiles en grave riesgo, viola las leyes de la guerra” y constituye un “ataque indiscriminado”. Lo mismo vale para el “principio de proporcionalidad”, que establece que las bajas militares y los daños civiles no deben ser excesivos en relación al resultado global conseguido. Exceso es, sin dudas, el calificativo más indulgente que podemos dar a una ofensiva pletórica de atrocidades.
En resumen, la operación iniciada entre el 7 y el 9 de octubre de 2023 es ilimitada en el espacio (cada rincón de Gaza ha sido bombardeado, sin contar los bombardeos extra-territoriales), ilimitada en sus objetivos (que no han sido precisados y cuantificados, más allá de la quimera de borrar a Hamás de la faz de la tierra), ilimitada en sus enemigos (de momento dos países fueron invadidos y unos seis bombardeados o alcanzados por acciones terroristas) y también ilimitada en el tiempo, dado que ni la comandancia ni el gobierno israelí han establecido plazos, negando una y otra vez la posibilidad de un alto al fuego.
¿Guerra o limpieza étnica?
Pero así como no se trata de una guerra contra Hamás ni de una operación militar limitada y precisa, tampoco se trata de una guerra en sentido estricto, al menos no de una guerra simétrica entre entidades beligerantes equivalentes. Ya sea que hablemos de machetes contra cañones, de flechas contra rifles, de bombas caseras contra tanques, o de los cohetes artesanales de Hamás contra los aviones F-35 de Israel, la asimetría de medios, tecnológicos y militares, es otro indicador que nos puede ayudar a dilucidar quien es el agresor y quien el agredido en cada momento histórico, y a quien asiste, por tanto, el consagrado “derecho a defenderse”.
El correlato natural de la asimetría de medios es la asimetría de la capacidad destructiva, y por lo tanto la desproporción entre las víctimas resultantes, en especial civiles. Según datos de la ONG israelí B’Tselem, desde la primera intifada de 1988 hasta hace exactamente un año, el conflicto palestino-israelí ocasionó 13.400 víctimas fatales directas: el 87 por ciento palestinas y la inmensa mayoría civiles, incluyendo a un gran número de ancianos, mujeres e infancias. La ratio histórica entre las víctimas de ambos bandos era hasta entonces aproximadamente de 1 a 7.
Si consideramos las operaciones punitivas iniciadas en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre, la cifra oficial es de 1.200 víctimas israelíes contra unas 41 mil víctimas palestinas. En este caso, la ratio pasa a ser de 1 a 35. Si posamos la mirada fuera de Gaza, cosa que por ahora dejaremos en suspenso, deberíamos considerar también la cifra de víctimas de la reciente invasión israelí al Líbano, y de los bombardeos masivos sobre las áreas más populosas de Beirut, que ya ascendería a 1.600 personas según las Naciones Unidas.
Pero también debemos considerar las víctimas indirectas, ante todo gazatíes, como resultado del hambre, la sed y las enfermedades producidas por la intervención y el colapso de todas las estructuras destinadas a garantizar los servicios básicos, la alimentación y la salud de la población local. Déficit que, más que un daño colateral, ha sido utilizado por las FDI como arma de guerra y castigo colectivo, si consideramos el sitio que prohíbe o limita severamente la entrada al enclave de combustible, electricidad, alimentos, agua o insumos médicos. Como resultado, y si atendemos los cálculos de un informe publicado en la prestigiosa revista británica The Lancet, estaríamos hablando de unas 186 mil víctimas fatales, incluyendo a los enterrados en los escombros y a los desaparecidos. La relación, entonces, sería de un israelí muerto por cada 155 palestinos.
En este caso, y también en los anteriores, estaríamos ante un hecho inédito en toda la historia de la humanidad, en el que el bando “agresor” estaría teniendo 155 víctimas por cada baja del bando “agredido”. Pero por si la fría y desmesurada aritmética de los asesinados en el conflicto, y por si la tasa de mortalidad más alta de todo el siglo XXI (21 personas fallecidas cada hora) no resulta convincente, podemos mencionar acaso el pavoroso número de víctimas habidas entre periodistas, trabajadores humanitarios y personal sanitario, casi todos a manos de las FDI. Hasta la fecha, más de 130 periodistas fueron asesinados en Gaza, al menos 32 de ellos de manera deliberada, según lo consigna Reporteros sin Fronteras. Para su director, Thibaut Bruttin, “El asesinato de profesionales de los medios por el Ejército israelí […] amenaza con imponer un apagón mediático total en este enclave cerrado a cal y canto. Estos ataques van dirigidos no sólo contra la prensa en Palestina, sino también contra el derecho del público de todo el mundo a recibir información fiable”. Por otro lado, para el mes de agosto, la URNWA cuantificó el asesinato de 207 trabajadores humanitarios, así como de 885 miembros del personal sanitario local e internacional.
Desde el lanzamiento de la “Operación Espadas de Hierro”, 1.9 millones de personas han sido desplazadas en toda la Franja, lo que equivale a 9 de cada 10 habitantes locales. Como lo demostraron las permanentes tensiones fronterizas en el Paso de Rafah, el objetivo de Israel, más que combatir a los combatientes de Hamás, fue exterminar a parte de la población gazatí y convencer al resto de desplazarse al suroeste, hacia el territorio egipcio, para proceder a otra fase de limpieza étnica y colonización de los nuevos territorios, como en la Nakba de 1948 o en los años posteriores a la guerra de 1967. Como supo decir el gran rabino de la comunidad de Safed sobre los palestinos: “Si no deponen su actitud cuando hayamos matado a cien, deberemos matar a mil. Y si no, deberemos matar a diez mil. Y si aun así persisten en su empeño, deberemos matar a cien mil, incluso a un millón. Lo que sea necesario para que depongan su actitud”. O como afirmó el rabino Tzvi Yehuda Kook: “Estamos en plena redención y la expansión sobre toda la Tierra de Israel es un deber del Estado, enteramente sagrado y sin mácula”.
Si se parece a un genocidio, utiliza métodos y narrativas propios de un genocidio y las víctimas son tan numerosas como las de otros genocidios… quizás estemos en presencia de un genocidio.
“Israel se está defendiendo”
El derecho a defenderse es más que un principio abstracto o un imperativo moral. Es materia, como ya dijimos, del derecho que regula las relaciones internacionales. Como tal, resulta incontrovertible. El problema radica en determinar, en el caso de una guerra declarada o no declarada, a cuál de las dos entidades enfrentadas corresponde el derecho a la defensa y a cuál cabe se imputar la responsabilidad de la agresión, cosa aún más difícil en un conflicto de tan larga duración, en donde una espiral infinita de crímenes, atrocidades, castigos y retaliaciones se proyectan hacia el pasado y se pierden en las brumas del tiempo.
Pero demos un último rodeo necesario, formulando la cuestión en otros términos, valiéndonos para ello del pensamiento analógico. ¿Tenían los plantadores esclavistas derecho a defenderse de la estrategia de koupe tèt, boule kay (cortar cabezas, quemar casas) de los esclavos insurrectos en la colonia francesa de Saint-Domingue, allá hacia fines del siglo XVIII? ¿Tenían los colonos blancos de los Estados Unidos el derecho a defenderse de las incursiones y escaramuzas indígenas que a golpes de tomahawk y lanzavenablos arrasaban las aldeas y capturaban o asesinaban a las poblaciones asentadas en los territorios de los que estaban siendo despojados a fines del siglo XIX? ¿Tenían las SS alemanas el derecho a defenderse de las granadas de mano y las bombas molotov lanzadas por la resistencia judía en el Gueto de Varsovia, o de los asesinatos selectivos de los partisanos durante la ocupación francesa en la década del 40? ¿Tenían los supremacistas del Apartheid sudafricano derecho a defenderse de los sabotajes y los actos tendientes a sembrar el terror impulsados por Nelson Mandela y la “Lanza de la Nación” (Umkhonto we Sizwe), el brazo armado del Congreso Nacional Africano, a fines del siglo pasado?
La simple formulación de estas preguntas demuestra su ridiculez. La incomodidad que genera su lectura se deriva del hecho obvio de que se trata de preguntas sesgadas, formuladas de manera artera; preguntas que cuestionan tácitamente la legitimidad moral de actos defensivos (sin importar su cariz o su violencia) y los presentan como hechos de agresión, invirtiendo de forma grotesca la carga de la prueba. Volveremos sobre asuntos tan espinosos como la violencia, el terrorismo y la deshumanización del Otro en la próxima entrega de esta zoncera.
De lo que estamos seguros es de que algún día esta otra pregunta sonará igual de rídicula: ¿tenía el Estado de Israel derecho a defenderse de la resistencia palestina –civil o armada–, tratándose de una entidad colonial creada sobre una operación masiva de limpieza étnica, que ha sostenido guerras y conflictos con casi todos los países de la región en las últimas décadas, que practica a lo interno la segregación racial y el control más severo de la población palestina nativa, que es una de las principales potencias armamentísticas del planeta, que coloniza mediante una política de asentamientos ilegales los territorios de Cisjordania, que convirtió a la Franja de Gaza es una prisión a cielo abierto, y que ocupa o bombardea por estas horas los territorios de seis naciones diferentes?
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