“Tengo a mis pulmones respirando azul clarito”, canta el rapero Residente en una línea de «Latinoamérica». Canción que –pocos lo saben fuera de su patria– alude al color azul del triángulo de la bandera nacional puertorriqueña, reivindicada por quienes se identifican con la independencia de uno de los últimos territorios formalmente coloniales del planeta.
Pese a la notable fama adquirida por sus artistas, especialmente entre las juventudes del mundo, de manera sintomática las elecciones de Puerto Rico pasaron desapercibidas para su propia región latinoamericana y caribeña. Esto, pese a tratarse de unos comicios inéditos, los primeros en la historia del país en los que una coalición progresista, que plantea el rescate de lo público y tiene un marcado énfasis descolonizador y soberanista, llegaba a las urnas como una opción realmente competitiva.
Por supuesto, su simultaneidad con las críticas elecciones estadounidenses contribuyeron a dejar en penumbras la coyuntura de la más pequeña y oriental de las Antillas mayores en el Mar Caribe. Apenas si el nombre del archipiélago cobró notoriedad cuando el comediante Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una “isla de basura” durante un acto de campaña de Donald Trump en Nueva York, lo que generó una situación embarazosa para los partidarios puertorriqueños del magnate y para quienes en general abogan por la anexión a los Estados Unidos.
Allí, buena parte del establishment (y no sólo el republicano) no oculta su desprecio por los territorios insulares que Trump supo bautizar como shithole (agujeros de mierda), gobernados a control remoto por una todopoderosa Junta de Control Fiscal impuesta en 2016 por la administración demócrata de Barack Obama, en lo que constituye el último capítulo de la política tutelar desplegada sobre el archipiélago.
Puerto Rico, mientras tanto, con un nutrido historial de combates, busca marcar hoy un nuevo camino con el que superar su condición de colonia, primero de España y luego de Estados Unidos, desde que en 1898 la naciente superpotencia se expandió al Caribe y el Pacífico, y Puerto Rico y las Filipinas le fueron vendidas por España al precio de 21 millones de dólares. Fue el poeta nacional boricua, Juan Antonio Correjter, quien marcó el fatal derrotero de la isla: “La lucha nunca cesa. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada. Lo demás es la nada, es superficie, es moda”.
La construcción de la Alianza y el relevo generacional
La «Alianza de País» o «Patria Nueva» –como también es conocida– es un proyecto que surgió después de las elecciones de 2020, en las que el ya veterano Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el emergente Movimiento Victoria Ciudadana (VC) obtuvieron un 14% cada uno en la disputa por la Gobernación del país, en comicios en los que los ciudadanos votan por un Jefe de Gobierno sujeto a la soberanía y a la autoridad última del Congreso de los Estados Unidos, pero sin contar con el derecho a votar por las autoridades estadounidenses.
La construcción de la Alianza fue un proceso novedoso que debió enfrentar al aparato político-judicial, que prohibió la formación de una coalición formal gracias a una legislación hecha a la medida del bipartidismo que gobierna la isla desde hace décadas. El abogado Juan Dalmau, del PIP, había sido ya legislador y candidato a Gobernador, y resultó la figura escogida y con los atributos idóneos para articular una propuesta de profundo arraigo juvenil y popular.
Sin embargo, esta construcción fue el resultado de un largo proceso de acumulación política, con acontecimientos tan importantes como la lucha contra la base de la Marina de los Estados Unidos instalada en la isla puertorriqueña de Vieques, en los años 90; en la defensa de la universidad pública en los años 2000; de la indignación frente a las casi 5 mil muertes y al abandono de la población que sucedió a los devastadores huracanes «Irma» y «María» en 2017; a las masivas movilizaciones ciudadanas que lograron tumbar al gobernador Ricardo Rosselló en 2019, y tantos hitos más. Ese estallido de rechazo a la subordinación colonial se dio en simultáneo con protestas desarrolladas en países como España, Chile, Colombia, Ecuador y Haití, pero se desarrolló en el más absoluto silencio. Pero podemos ver sus trazos, nuevamente, en la música de la isla; en las canciones de Residente y Calle 13, en Bad Bunny y en tantos otros artistas.
En ese proceso, desde Vieques hasta aquí, la búsqueda de la soberanía de Puerto Rico, el fin de su sometimiento territorial, pero también el contenido democrático y popular de las reivindicaciones, fue ganando contenido y ampliando su radio de alcance. La privatización de la salud y de la energía eléctrica, la destrucción del sistema educativo, la pérdida casi total de la soberanía alimentaria, la devastación ecológica, la migración masiva de los y las jóvenes, el recorte a los fondos y los empleos en los servicios públicos, la «gentrificación» y la «turistificación» del territorio, el desamparo nacional ante las catástrofes climáticas y la profunda corrupción que sostiene al régimen bipartidista y colonial, le fueron dando a las izquierdas y los progresismos un agudo sentido del momento histórico y de las urgencias del presente.
Así, escondidos en los códigos casi clandestinos de la música local, en medio de un proceso de ebullición social invisible incluso para la prensa progresista, latinoamericanista y de izquierda de la región, se fue dando en Puerto Rico el encuentro y el relevo de distintas generaciones del proyecto democático y emancipatorio, y muchos espacios de militantes fueron construyendo los instrumentos necesarios para proseguir la batalla en el terreno electoral.
Los resultados del 5 de noviembre
Todo este largo proceso cristalizó en la apuesta de la Alianza conformada entre VC y el PIP de disputar la Gobernación, el Parlamento y los diferentes cargos locales para, una vez en el gobierno, convocar a una Asamblea Constituyente que define de manera veraz, informada, transparente y vinculante el estatuto político del país.
Pese a las expectativas bien fundadas de las fuerzas progresistas, al cierre de este artículo los resultados parciales de la Comisión Estatal de Elecciones arrojaban unos 39.4 puntos porcentuales para la oficialista Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP); 32.7 para el independentista Dalmau, de la Alianza; y apenas un 21 por ciento para Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD).
El derrumbe del PPD (10 puntos porcentuales en apenas 4 años), parece haber sido capitalizado tanto por el oficialista PNP como por la alternativa representada por la Alianza. Aquí, en el espacio de las fuerzas que abogan por una regeneración democrática, por la recuperación de lo público y por la conquista de una soberanía efectiva, la progresión electoral respecto a los comicios del 2020 parece haber sido más aritmética que geométrica. Se trata de un logro notable, dado que el primer objetivo planteado era consolidar y eventualmente expandir la base electoral de un 28 por ciento obtenida hace cuatro años por las candidaturas –en ese entonces separadas– del PIP y VC en la disputa por la Gobernación.
Pero no sólo estaba en juego la Gobernación de la isla, de atribuciones muy limitadas, considerando que Puerto Rico es un territorio colonizado, eufemísticamente catalogado desde 1952 como un Estado Libre Asociado; al fin y al cabo un “territorio no incorporado” a los Estados Unidos de Norteamérica. La otra gran apuesta fue, naturalmente, la disputa de la alcaldía de San Juan, la ciudad capital.
Allí, y con un 95 por ciento escrutado, el oficialista Miguel Romero, del PNP, se imponía al joven dirigente de Victoria Ciudadana Manuel Natal, por una diferencia de 46 a 41 puntos porcentuales. Las suspicacias son aquí mayores, porque al descrédito de la Comisión Estatal de Elecciones se suman las denuncias efectuadas en 2020, cuando según la oposición la alcaldía le fue arrebatada de forma fraudulenta a Natal.
El tercer cargo en importancia en juego es el de Comisionado Residente, una figura sui generis que desde el año 1902 representa a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos (autoridad colonial última en el país). No se trata de un o una congresista en sentido estricto, y sus funciones, limitadas, le dan derecho de palabra pero no la capacidad de votar en el recinto del Capitolio. Aquí el premio consuelo se lo lleva el PPD, que de momento encabeza las preferencias con el 44 por ciento de los votos, seguido del PNP, con el 35.7. Tercera lejos aparece Ana Irma Rivera Lassén, una destacada abogada y ex senadora de VC que obtuvo de momento un 9.5 por ciento de los sufragios.
¿Knock-out al bipartidismo?
Tradicionalmente el PNP, el PPD y el PIP han representado tres miradas diferentes sobre el estatuto político de Puerto Rico, proponiendo los dos primeros variantes distintas de la situación colonial. El PNP aboga por lo que se conoce como la “estadidad”, es decir por la anexión formal del país y su conversión en un Estado más de los Estados Unidos. El PPD se inclina en cambio por mantener el estatus actual como “estado libre asociado”. El PIP, como su nombre lo indica, aboga por la independencia y la autodeterminación del país, aunque algunos sectores de VC consideran otros caminos para la descolonización que no son la independencia en sentido estricto.
Pero este esquema, tripartito en lo político, es desde hace décadas bipartito en términos electorales, dado que desde 1948 el PNP ganó 11 elecciones y el PPD unas 7. Así, por ejemplo, en las elecciones del 2012 las dos tradicionales formaciones del bipartidismo boricua obtuvieron juntas casi el 95 por ciento de los votos emitidos, mientras el PIP obtenía un magro 2.5 por ciento. Hoy, los votos sumados del PNP y el PPD se han reducido a 60 puntos, y el polo alternativo del PIP y VC se consolida, de manera inédita, como la segunda fuerza política a nivel nacional desde que a mediados del siglo XX comenzará a elegirse el cargo de Gobernador en la isla.
Por eso, la trascendencia del evento electoral no puede ser menospreciada. Como aseguró Dalmau al cierre de la jornada electoral: “¿Quién hubiera pensado que un candidato del PIP, en representación de una alianza de país, iba a romperle el espinazo al bipartidismo?”. Efectivamente, entre 1950 y 2016, el PIP, presente en todas y cada una de las elecciones, cosechó siempre entre un 2 y un 5 por ciento de las preferencias electorales. El crecimiento desde entonces ha sido meteórico, obteniendo 13 puntos en 2020 y ahora, en alianza con VC, nada menos que 32. Para Dalmau, en la noche del conteo, se trata del “inicio de una transformación gloriosa”.
Pero no son los votos el único dato relevante y promisorio, sino también el rol jugado por las juventudes, que se inclinaron de forma masiva por la Alianza, así como una transversalidad que logró rebasar, con mucho, el estrecho caudal del electorado independentista convicto y confeso, logrando representar demandas que incluyen pero rebasan el asunto medular del estatus político del país. Así, reivindicaciones como el cese de la corrupción gubernamental, el desmonte de la Junta de Control Fiscal, la recuperación de la educación y la sanidad públicas, o el mejoramiento de los deficientes servicios básicos, han ampliado no sólo el electorado opositor sino que también han ensanchado el campo de lo posible, poniendo en agenda reivindicaciones a las que el régimen bipartidista no puede responder, que corren el eje del debate hacia el modelo jurídico, político, económico, social y ambiental en que Puerto Rico debe necesariamente desarrollarse.
Según diferentes encuestas y estudios de reciente elaboración, crece en Puerto Rico un sentimiento anti-establishment, a tono con dos décadas en las que han ganado terreno posiciones más progresistas e incluso de izquierda en temas morales, sociales y económicos, como la responsabilidad del Estado en brindar ciertos niveles de bienestar o el rol del gobierno en las empresas públicas y de servicios. Esto se suma a una generación que ha vivido el descalabro neoliberal-colonial y la corrupción endémica del bipartidismo, lo que pueda explicar que la Alianza se haya consolidado como segunda fuerza nacional, con la capacidad de dar un horizonte de sentido, en particular a la juventud más politizada.
Sin embargo, queda por ver por qué el resultado a nivel legislativo y municipal no ha acompañado el desempeño logrado en la disputa por la Gobernación. No se puede descartar la posibilidad de que las élites colonialistas estén forjando, en el espacio local, la recuperación de su hegemonía sobre el país; espacio en donde están jugando un rol importante el conservadurismo social y eclesial, muy permeado por el antifeminismo y el accionar de algunas vertientes evangélicas que, como en otros países de la región, están teniendo gran incidencia. El statu-quo no se resignará tan fácilmente a su desgaste y desprestigio.
Pero el terreno político está abierto y las piezas continúan en movimiento. No fue el vetusto PPD, identificado con la candidatura de Kamala Harris, sino una alternativa transformadora la que se consolidó en un histórico segundo lugar, rompiendo con décadas de un cerrado bipartidismo. La construcción política en curso en Puerto Rico, de carácter progresista y soberanista, tiene un valor incalculable, en particular para el Caribe y Centroamérica. Pero esta potencia política emergente deberá enfrentarse a las fuerzas reaccionarias del orden, envalentonadas con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, del que la próxima gobernadora, Jenniffer González, se muestra como una orgullosa aliada y partidaria, exaltando al “hombre fuerte” que considera a su propio país, como muchos de sus partidarios, poco menos que una “isla de basura flotando en el mar”. En esa contradicción, sin los consensos pasivos de antaño, con una ciudadanía consciente y movilizada, y con una alternativa electoral muy competitiva al acecho, deberán gobernar.
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