El clima de hostilidad e intolerancia estatal hacia los migrantes haitianos en República Dominicana ha crecido exponencialmente en los últimos años, al amparo de los gobiernos de Luis Abinader (PRM), Danilo Medina (PLD) y Leonel Fernández (PLD). Pero sin duda el punto de inflexión fue la conocida y local e internacionalmente resistida Sentencia 168/13. En un hecho inédito a nivel mundial, el Tribunal Constitucional dominicano desnacionalizó de la noche a la mañana a cuatro generaciones de dominicanos descendientes de haitianos, contabilizando a más de 240 mil personas.
La coartada fue aplicar retroactivamente, hasta 1929, la flamante Constitución de 2010, despojando de sus derechos a la nacionalidad y la identidad a los dominicanos que eran hijos, nietos y bisnietos de migrantes haitianos irregulares o precarios. Así, la máxima autoridad judicial del país convirtió a un cuarto de millón de ciudadanos dominicanos en apátridas sin derecho a casarse, adquirir propiedad, viajar al exterior, trabajar legalmente, obtener un pasaporte o un carnet de identidad. Paradójicamente, el Tribunal era presidido en ese entonces por lo que en dominicana se conoce como un “cocolo”, es decir, un hijo de migrantes de las pequeñas Antillas, mientras que el actual presidente, Luis Abinader, responsable de las deportaciones masivas, es descendiente de migrantes libaneses y canarios. El discurso anti-migrante, de manera casi excluyente, se circunscribe así al anti-haitianismo, pero afecta también a los propios dominicanos.
Pero más allá y más acá del Estado, un ecosistema conformado por partidos políticos de extrema derecha como el del pastor evangélico Carlos Peña, organizaciones paramilitares como la Antigua Orden Dominicana, intelectuales conservadores, las 20 grandes familias propietarias del país y algunos influencers particularmente estridentes, han ido corriendo más y más a la derecha el margen de lo decible y de lo posible. Todos ellos, con terminales en la “internacional reaccionaria”, entroncan en una serie de tropos y estereotipos anti-haitianos fuertemente establecidos desde los tiempos de la ocupación norteamericana de 1916-1924, las dictaduras de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, así como por intelectuales como el propio Balaguer, Arturo Peña Battle, Manuel Núñez y Hugo Ysalguez, entre otros.
Un ejemplo particularmente destacado es el del mencionado pastor Peña y su partido Generación de Servidores, quienes presentaron en octubre un ante-proyecto de ley que busca establecer un sistema de segregación por el que ninguna nacionalidad extranjera podría superar el 1% de la población de cada municipio, o ser propietario de más del 1% de las tierras. Medida, esta última, cuya dudosa aplicación llevaría a desposeer a la enorme cantidad de propietarios estadounidenses y europeos que han literalmente colonizado Punta Cana, Bávaro y otras localidades turísticas de alta gama, sin escándalo aparente de los ultras locales. Pero además el proyecto busca prohibir manifestaciones culturales como la lengua de los extranjeros (notablemente el creol haitiano), y prevé establecer un estado de excepción en donde ni migrantes ni nacionales puedan manifestarse en pos de los derechos de las minorías.
Otro ejemplo son las propias deportaciones masivas, cuyo trasfondo y racionalidad económica abordamos ya en un artículo anterior. O acaso también la intensificación de la militarización de la cuestión migrante y de la securitización de la frontera. En esa línea, la Ministra de Interior y Policía Faride Raful (también descendiente de inmigrantes) acaba de anunciar una nueva unidad especializada en la cuestión migratoria, “enfocada en fortalecer la vigilancia fronteriza y la seguridad nacional”, que se suma a la obra inconclusa de una “valla perimetral inteligente” iniciada por Abinader, nombre eufemístisco del muro que busca dividir en dos la isla La Española.
Lo central es que todos estos sectores e iniciativas comparten, en mayor o menor medida, no sólo una concepción clasista, racista, etno-nacionalista, antimigrante y antihaitiana, sino que coinciden en la manipulación de la dimensión real del fenómeno migratorio, decodificado como “invasión” y como presunta amenaza a la soberanía nacional y a la existencia de la mismísma nación dominicana.
Mientras la última encuesta oficial de migrantes, del año 2017, precisaba la presencia de unos 334.111 migrantes haitianos, la población total del país es de unas 10.760.028 personas según el censo 2022. De ser correctas estas estimaciones, la migración haitiana representaría alrededor del 3 por ciento de la población total del país. Aún duplicando la estimación, esta queda muy lejos de casos como el de Emiratos Árabes (88 por ciento de población migrante), Singapur (44), Australia (30), Israel (21), Estados Unidos (15), España (15) o Chile (8). Todos estos países se beneficiaron de la mano de obra migrante y ninguno está a punto de “desaparecer”, “invadido” por una mera humana anómala al cuerpo social, como parece suponerse en algunos sectores de la sociedad dominicana. Mientras que las cifras más verosímiles son éstas, elaboradas por gobiernos insospechados de ser pro-haitianos o pro-migración, circula una especie de “quién da más”, que no conoce más límites que la paranoia de quién enuncia números de fábula que llegan a aventurar la presencia de 4 o hasta 7 millones de migrantes haitianos.
Pero no sólo existe una sobre-representación del fenómeno real, sino que circulan también una serie de teorías conspirativas que abonan a exacerbar el sentimiento anti-haitiano y anti-migrante. La más famosa es el llamado “fusionismo”, que considera que hay un plan secreto y un complot internacional por parte de las Naciones Unidas, las ONG y ciertos intelectuales “globalistas” para fusionar los dos países que habitan la isla en uno sólo. Lo curioso es que sus promotores no suelen presentar prueba ni indicio alguno o que, cuando lo hacen, como es el caso de un connotado defensor de la teoría como Pelegrin Castillo, se limitan a mencionar una serie de acuerdos migratorios binacionales y supranacionales como presuntas pruebas irrefutables.
“Fusionistas”, así, serían todos los críticos de la política anti-migrante y anti-derechos, ya sean los partidos de izquierda, los académicos y comunicadores críticos, los jesuitas y dominicos, los colectivos migrantes o los organismos de derechos humanos. Curiosamente, sectores de las élites haitianas han sostenido de tiempo en tiempo la misma hipótesis, pero sólo que a la inversa: desde esta otra teoría de la conspiración, serían sectores de las élites dominicanas las que querrían unificar la isla en su propio beneficio.
Contra quienes creen ver en la migración haitiana una suerte de confabulación hay que decir, por un lado, que las causas en Haití de la pulsión migratoria son evidentes: a los peores indicadores socio-económicos de toda la región se suma el fenómeno del paramilitarismo y las bandas armadas, que según diversas estimaciones controlan ya más del 80 por ciento de la zona metropolitana, habiendo producido decenas de miles de desplazados y dificultando la reproducción de la vida en un escenario de conflagración casi total. Pero hay que añadir que el aumento y el cambio de los flujos migratorios es una tendencia regional y mundial fácilmente constatable. Por eso es que la población migrante de América Latina y el Caribe casi se duplicó entre 2010 y 2020, pasando de 8.3 a 14.8 millones de personas, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Factores como las políticas económicas neoliberales, la descampesinización inducida de nuestras sociedades, el paramilitarismo y la delincuencia organizada, o los resultados catastróficos de la crisis climática, multiplican los migrantes, los desplazados y los refugiados en todas las latitudes. Otra tendencia, paralela a la anterior, arroja que los flujos que antes se dirigían casi exclusivamente hacia el Norte Global se vuelven también inter-regionales, quizás por la propia crisis de las economías centrales.
El último factor a considerar es cuáles son los posibles escenarios abiertos con un marco de fascistización como el que se verifica en la República Dominicana, con políticos, grupos paramilitares y formadores de opinión que convocan pública e incesantemente a boicotear a la población migrante, a segregarla, a expulsarla e incluso a hacer “justicia por mano propia”. Tres antecedentes merecen consideración. Uno es el pogromo del año 2022 sucedido en Galván, en la provincia de Bahoruco, protagonizado por militares. Según declaró el habitante local Tirzo Rodríguez: “Quemaron prácticamente unas 8 viviendas, mataron al haitiano de los trabajadores mío (sic), después que lo mataron le dieron candela y se alzaron a tiros con todos los haitianos y por aquí no quedó nadie”. El segundo es la creciente implicación de grupos paramilitares en las deportaciones, como sucedió con el grupo de Los Trinitarios del lado dominicano del Río Masacre, a veces actuando en conjunto con las propias fuerzas de seguridad, como nos fue reportado en varios bateyes de la provincia de Higüey.
El tercer caso caso es una denuncia potencialmente más grave aún. Distintos medios locales, así como la organización Cañeros Organizados que nuclea a trabajadores de los bateyes azucareros, denunciaron el enterramiento de 13 personas en una fosa común en una comunidad rural de la provincia de Azua; cuerpos que, se sospecha, podría ser de nacionales haitianos, víctimas de un crimen de odio. Debemos recordar la luctuosa historia que liga al respecto a Haití y la República Dominicana, cuando en el año 1937 la política de “dominicanización de la frontera” de Trujillo llevó a la conocida Masacre del Perejil, en donde al menos unos 16 mil haitianos y dominicanos negros fueron asesinados a palo y machete, en lo que fue considerado por el dictador como un acto patriótico y refundacional.
Hoy, la política oficial de Abinader, el silencio del poder judicial, y sobre todo la inacción común frente a discursos y prácticas deshumanizantes sumamente extendidas, parecen pavimentar el terreno para la comisión de los peores crímenes futuros.
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