No concluyente. Así fue el resultado de la primera vuelta de las elecciones generales de Ecuador, en donde 13.7 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir entre 16 fórmulas presidenciales, a los 137 asambleístas de la Asamblea Nacional y a los 5 representantes al Parlamento Andino. Ni Daniel Noboa, presidente-candidato por el partido ADN, ni Luisa González, abanderada del correísmo y la Revolución Ciudadana, favoritos en todas las encuestas, lograron conquistar ni la mitad más uno de los votos ni el 40 por ciento con una ventaja mínima de 10 puntos que les podría haber otorgado una victoria en primera vuelta.
Al cierre de esta nota, revirtiendo la sesgada tendencia inicial del escrutinio, González se emparejaba con Noboa hasta llegar al empate técnico, pero sin chances de conseguir la mayoría absoluta. Tampoco había datos precisos sobre cuál podría ser la distribución exacta de las bancadas, pero no caben dudas de que la Revolución Ciudadana ratificará su lugar como la primera minoría de la Asamblea Nacional.
En suma, las dos fórmulas más votadas se volverán a medir en el balotaje convocado para el día 13 de abril. Malas noticias para un oficialismo y un clan familiar (la familia Noboa, una de las más ricas del país) que gastó una verdadera fortuna en campaña, principalmente en la arena digital. Y que llegó a insinuar, con encuestadoras afines y bocas de urna propios, una improbable victoria en primera vuelta, hito que sólo Rafael Correa logró.
Más allá de la irresolución del escenario presidencial, tal y como era de esperar en un contexto altamente polarizado –incluso desde antes de que comenzara la campaña– Noboa y González cosecharon, juntos, casi el 90 por ciento de las preferencias. La participación electoral, tradicionalmente alta en la nación sudamericana, superó incluso la de la primera vuelta de las elecciones pasadas con un 82 por ciento.
Tercero lejos, pero con una buena elección apalancada en el poderoso movimiento indígena, su instrumento reivindicativo la CONAIE y su brazo político Pachakutik, quedó el líder indígena Leónidas Iza. Nuevamente, la izquierda y el progresismo urbanos, por un lado, y el movimiento indígena, por el otro, conquistaron por separados un caudal electoral que reunido podría haberse impuesto a sus rivales comunes.
Contexto de excepción
Los ecuatorianos fueron a las urnas en un escenario absolutamente excepcional. Con un país completamente militarizado, bajo un presunto “conflicto interno armado”, con las fronteras cerradas y con una de las más importantes comunidades en el exterior –los residentes en Venezuela– que no pudieron ejercer su derecho al voto. Ecuador es uno de los pocos países de la región que cuenta con la representación de distintas circunscripciones de su diáspora en la Asamblea Nacional.
La otra irregularidad notable fue la denunciada violación del Código de la Democracia. Según la legislación ecuatoriana, todo funcionario en ejercicio que aspire a la reelección debe pedir licencia para realizar campaña. En el caso del presidente, lo que correspondía era delegar sus funciones en la vicepresidenta electa, Verónica Abad. En su lugar, el mandatario decidió nombrar por decreto, como “vicepresidenta encargada”, a la secretaria de la Administración Pública y del Gabinete Cynthia Gellibert.
Además, cabe destacar que la presidencia de Noboa fue singularmente breve: apenas 15 meses desde que el expresidente Guillermo Lasso interrumpiera su propio mandato y las funciones de la Asamblea Nacional al invocar la figura constitucional de la «muerte cruzada», convocando a nuevas elecciones. En aquellos comicios, sacudidos por el asesinato del también candidato Fernando Villavicencio, Noboa se metió sorpresivamente en la disputa y terminó arrebatando en segunda vuelta una presidencia que parecía casi segura para el correísmo. Esta es la tercera vez que dicha fuerza política, la más importante del país, intenta regresar al poder, después de los intentos infructuosos del economista Andrés Arauz en 2021 y la propia González en 2023.
Crisis múltiple
Pero la excepcionalidad ecuatoriana no sólo es política o institucional. El país llegó a este escenario electoral rebotando de crisis en crisis. Sobre todo, tres: la económica, la energética y la de seguridad. De aquí a los próximos meses, se sumará también el impacto de las deportaciones masivas de la administración Trump y la consecuente merma del dinero enviado por la diáspora en concepto de remesas.
En lo que respecta a la economía, el tema que más intentó evitar la campaña oficialista, el desempeño siguió la curva descendente de los últimos gobiernos neoliberales: el de Lenin Moreno y el de Guillermo Lasso. En suma, más precarización laboral, liberalización comercial y desregulación financiera. Hoy por hoy Ecuador es el país más endeudado de la región con el FMI, mientras que su deuda pública representa el 40 por ciento de su producto interno bruto. Además, la fuga de capitales, facilitada por el régimen de dolarización, permite el ingreso y la salida de los capitales especulativos que se refugian en las guaridas fiscales, además de que favorece el narco-lavado y apalanca las economías ilícitas.
A diciembre del año pasado, 5.2 millones de personas vivían en la pobreza, el porcentaje más alto desde la pandemia del Covid-19. En lo que respecta a la informalidad, el 58 por ciento de la población no cuenta con un empleo registrado, la cifra más alta desde el último año de gobierno de Correa. Mientras los ingresos promedios de la población también cayeron, Noboa decidió incrementar el IVA del 12 al 15 por ciento, con el argumento de financiar la política de seguridad.
Relacionada con la anterior, y en particular en los últimos meses, Ecuador atravesó una grave crisis energética. La sequía, la falta de inversión en la infraestructura hidroeléctrica y termoeléctrica del país y la ausencia de previsión estatal, generaron meses con cortes de luz, apagones de hasta 14 horas y un racionamiento generalizado que causó un gran malestar social y un impacto muy negativo en la economía. Como sea, el gobierno logró una relativa y precaria normalización en el suministro, justo a tiempo para amortiguar los previsibles costos electorales de la crisis.
En tercer lugar, y con los indicadores más negativos, está la crisis securitaria. El 2024 fue el segundo año más violento de la historia del país, con un homicidio cada 75 minutos y 38 muertes violentas cada 100 mil habitantes. Desde 2020 se produjeron en Ecuador 16 masacres carcelarias, la última, en noviembre del año pasado, con un saldo de 15 víctimas fatales. Pero el hecho que más conmocionó a la sociedad ecuatoriana fue sin duda la desaparición forzada de cuatro niños –Ismael, Josué, Saúl y Steven–, detenidos por un contingente de las Fuerzas Armadas, lo que derivó en un crimen con claros rasgos de perfilamiento racial, que en un comienzo intentó ser encubierto por las autoridades. Todo esto en el país que, hasta el último gobierno de Correa, supo ser uno de los más seguros de toda la región.
La respuesta del gobierno de Noboa a esta espiral de violencia, vinculada también al trazado de nuevas rutas del narcotráfico que utilizan al Ecuador como zona de tránsito, fue emular las fallidas estrategias de la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra el crimen”, con antecedentes como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida en México. En esa línea, el joven mandatario declaró el estado de excepción por tres meses, definió a los grupos delincuenciales y los cárteles de la droga como “actores beligerantes no estatales” y conceptualizó la situación como un “conflicto interno armado”.
Además, y en pleno proceso de “bukelización” de la seguridad, propuso construir dos mega-cárceles: una, resistida y abortada por las comunidades indígenas, en la ciudad amazónica de Archidona. En el plano internacional, Noboa ratificó acuerdos de seguridad heredados, recibió a la generala del Comando Sur Laura Richardson, amplió la cooperación en la esfera militar con los Estados Unidos y propuso una reforma constitucional que busca reinstalar bases militares extranjeras como la extinta base de Manta.
Pero ni siquiera con la militarización de los territorios, el empoderamiento de las fuerzas de seguridad ni las onerosas concesiones a la estrategia de seguridad hemisférica de los Estados Unidos, Noboa ha logrado mejorar los indicadores de una violencia que sigue en ascenso.
Final abierto
Es aventurado hacer análisis detallados mientras los votos siguen su demorado recuento. Sin embargo, hay algunas tendencias que ya se dibujan en el horizonte. El escenario podría considerarse, de buenas a primeras, mutuamente satisfactorio. Desde el lado del correísmo, porque logra superar en primera vuelta el núcleo duro de las últimas elecciones, arrancando desde un punto de partida más favorable en la carrera hacia un balotaje que volverá a estar muy reñido. A diferencia de los últimos dos comicios habrá muy poco que repartir, mientras que el activo más importante pertenece a Iza, quizás el liderazgo indígena de mejor diálogo con el correismo tras años de amargos conflictos. Esos casi cinco puntos porcentuales en su haber serán sin duda decisivos. ¿Será posible, esta vez, tender puentes? ¿Habrá negociación o el pedido de un cheque en blanco? ¿Se manifestará orgánicamente la CONAIE o dará libertad de acción a sus bases? Tampoco pueden despreciarse los casi 3 puntos de Andrea González, la empresaria de perfil anticorreista.
Por el lado de Noboa, y recapitulando la zozobra generalizada en el país y el escenario de crisis múltiples, no deja de ser llamativa su capacidad de retener un caudal de votos tan importante, muy superior a los obtenidos en la primera vuelta de 2023 (apenas el 23 por ciento). Ni la casi ausencia de logros en materia económica y securitaria y ni siquiera la crisis energética parecen haber tenido el impacto esperable. Apalancado en la estrategia de la polarización más extrema, con una inversión electoral millonaria, el aparato de Estado a su favor y una autoridad electoral parcializada, Noboa parece haber cosechado hasta el último voto anti-correista: las viejas pasiones siguen definiendo los nuevos resultados electorales.
En tercer lugar, Ecuador es un país sumamente fragmentado en sus tres grandes geografías: la costera, la andina y la amazónica (el archipiélago de las Galápagos aporta pocos electores). Habrá que descifrar el desempeño relativo de cada región, y sobre todo los resultados de las grandes capitales. Corresponde dilucidar, en particular, qué sucedió en territorios que se mantienen adversos a González, como la Sierra Central y Quito, la capital nacional. En Guayas, la provincia de Guayaquil, sí se estaría imponiendo la líder opositora.
Por otro lado, queda por ver si el alineamiento automático de Noboa a los Estados Unidos (su país de origen), y sus desesperados intentos por congraciarse con la administración Trump, le significan en estos próximos meses de campaña algún apoyo real y significativo. ¿Recibirá el nuevo inquilino de la Casa Blanca a su homólogo sudamericano, como es su deseo? En lo que respecta a sus vecinos, sobre todo progresistas y de izquierda, su aislamiento no podría ser más completo.
Por último, será decisivo el tema de conversación ciudadana que se imponga de aquí a abril: si la coacción securitaria sigue dando frutos, o si el correismo es capaz de establecer una agenda más volcada a la economía, al desempleo, la precariedad, la deuda, los salarios o el costo de la vida, por caso. El próximo debate presidencial será un buen termómetro de esta disputa. También jugarán aquí las variables climáticas: las sequías previstas podrían volver al país a la rutina de apagones y racionamiento que tanta frustración generaron. Queda poco tiempo, pero no es poco lo que se juegan Ecuador y la región en estos comicios de final abierto.
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