Panamá es un importantísimo enclave geoestratégico desde hace siglos, dado que es allí en donde se interseccionan Sudamérica, Centroamérica y el Mar Caribe, y dado que desde hace poco más de un siglo le atraviesa también el mundialmente conocido Canal de Panamá, paso interocéanico que une el Atlántico y el Pacífico y que todavía concentra una parte nada despreciable del tránsito mundial de mercancías.
El país apareció en los grandes titulares de manera fugaz en los últimos años: en 2023, por las masivas protestas, las más importantes en décadas, sostenidas por la población local contra la instalación de un proyecto de explotación de cobre de la minera canadiense First Quantum Minerals. En mayo de 2024, también por las elecciones generales que derivaron en la victoria del candidato conservador José Raúl Mulino, abanderado del ex presidente Ricardo Martinelli.
A comienzos de este año, Panamá irrumpió de nuevo en escena por las declaraciones altisonantes de Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos quería recuperar el control de Canal, revertido a la soberanía del país, junto con su zona aledaña, en virtud de los tratados Torrijos-Carter de 1977. Pocas semanas después, el Secretario de Estado Marco Rubio visitó la nación istmeña, arrancó a Mulino importantes concesiones como el abandono de la Iniciativa de la Franja y de la Ruta impulsada por China a nivel global, y presionó al gobierno para que los barcos estadounidenses se vean eximidos de pagar los derechos de uso del Canal.
La última noticia fue una represión gubernamental feroz contra una protesta obrera que buscaba denunciar y evitar la privatización de la institución que administra la seguridad social pública del país. La represión, inusualmente violenta, derivó en el encarcelamiento de cerca de 500 trabajadores de la construcción, la mayoría de ellos afiliado al SUNTRACS, el sindicato más poderoso y combativo del país. Para comprender la dimensión del conflicto y el lugar de Panamá en la reconversión geopolítica de los Estados Unidos, conversamos con su Secretario General, Saúl Méndez, quien además es abogado y fue candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia.
¿Qué está sucediendo en el país con la seguridad social? ¿Qué sucedió exactamente el 12 de febrero?
Venimos desde noviembre del año pasado impulsando una serie de protestas (y propuestas) con relación a una posible reforma a la seguridad social, que lo que persigue es entregar la plata de los asegurados a los bancos y a las administradoras de fondos de pensiones privadas. Se trata de la misma reforma neoliberal que la propia OIT y la Asociación Internacional de Seguridad Social han decretado como un fracaso tras más 30 años de aplicación.
Lo que se busca es individualizar las cotizaciones, acrecentar las cuotas, romper el sistema solidario, bajar las pensiones a menos del 40% y aumentar la edad de jubilación. Y, con ello, cerrar el círculo del saqueo de los recursos que a manos llenas le roban al país tanto la oligarquía corrupta como sus instrumentos, que son los partidos políticos tradicionales. Para muestra de esta corrupción basta mencionar el caso Odebrecht, Blue Apple, Panama Papers, Pandora Papers, Finmeccanica, Financial Pacific y otra cantidad de escándalos. Lo que la reforma de Mulino persigue es despojar a los pensionados y a los trabajadores de sus recursos para entregárselos al sistema financiero.
De noviembre a aquí presentamos propuestas a la Asamblea de Diputados, sustentando técnicamente nuestra propuesta, planteando que debería retornarse al sistema solidario de reparto puro, que es lo que funciona en el mundo en estos momentos. Pero además de las propuestas hemos organizado protestas.
El 12 de enero, en una protesta normal como las que siempre hemos realizado en todo el país, de forma inusitada se presentó la policía en una obra en construcción donde había más de 500 trabajadores y comenzó a reprimir a mansalva. En un conflicto que se prolongó todo el día, la policía, con más de mil efectivos contabilizados, acabó por cercar el lugar para detener a los trabajadores. Algunos fueron torturados y a otros se les negó su derecho constitucional de ver a un abogado. Además, en una conferencia de prensa, el presidente nos trató de mafia y aseguró que usará el Poder Ejecutivo para reducir a nuestra organización a su mínima expresión, lo que sólo puede hacerse asumiendo el control del Ministerio Público, es decir, violando la ley y la Constitución.
Donde de verdad están las mafias, la mafiocracia que tiene secuestrado el poder del Estado y lo usa, junto a la plata del Canal, en su propio beneficio, es con ellos. Hay un resentimiento social en Panamá porque la población no sabe donde van a parar sus impuestos, los recursos naturales, el dinero de la mina [de First Quantum Minerales, en Donoso] o las tierras revertidas de la Zona del Canal que fueron vendidas. Cuando ya no que nada que robar, entonces van por el dinero de los pensionados y los asegurados.
¿En qué contexto internacional se dan estas pujas de poder? ¿Qué implicó la visita del Secretario de Estado Marco Rubio? ¿Cuál viene siendo la posición del gobierno panameño frente a la nueva administración Trump?
La agresividad que demuestra Mulino contra las organizaciones panameñas y el pueblo en general no la ha demostrado con Trump y sus bravuconadas, frente a las que se ha quedado callado. No dice nada porque es un hombre al servicio de los norteamericanos como a todos nos consta, “gringuero” toda su vida, que reivindicó por ejemplo la invasión [de Estados Unidos] a Panamá, ahora en su 35 aniversario. Un presidente cuyo primer acto administrativo fue firmar un acuerdo migratorio con los norteamericanos para cerrar el “tapón” de la Selva del Darién y deportar a los migrantes. Además, aseguró mil vez que la frontera sur de los Estados Unidos, en este sentido, quedaría en el Darién, con todo lo que esto significa. Eso marca una conducta claramente apátrida y de percusión a los panameños.
Con la visita de Rubio, quedó claro que Mulino está de rodillas, que el gobierno está de rodillas. Él anunció que no volvería a renovar el acuerdo de la Nueva Ruta de la Seda, que es un instrumento que debe renovarse cada ciertos años. Pese a haberle echado la culpa al presidente anterior, cuando se establecieron las relaciones con la República Popular China Mulino estuvo de de acuerdo, dado que el Canal se habría ampliado para permitir que pasaran más barcos, etcétera.
La visita de Rubio, además, dejó en claro que los norteamericanos manejan una agenda de agresión verbal y de amenaza de control del Canal de Panamá. El gobierno no informó cuáles fueron los resultados de la reunión y afirmó que quieren mantener conversaciones en secreto, pero Rubio anunció por su parte que habría una serie de concesiones hacia ellos. Luego vino el anuncio de que los Estados Unidos iban a utilizar el Canal gratis para su marina mercante y su marina de guerra, aunque el tratado de neutralidad del Canal lo prohíbe: no se puede dar un privilegio a los norteamericanos en este sentido.
Entonces no sólo corresponde enfrentar el tema del seguro social, que es el que nos tiene ahora mismo movilizados en la calle, sino también defender la soberanía nacional, rechazando cualquier concesión. Como dice el viejo adagio, “mal paga el diablo al que le sirve”. Ahora que el delirante imperial, el emperador Trump, salió con estas posturas, el gobierno de Mulino quedó desencajado, desubicado; no pensaba que algo así podía pasarle estando al servicio de los intereses norteamericanos.
¿Qué hay, más allá del movimiento obrero y el SUNTRACS, de los otros movimientos sociales? ¿Cuál es su estado de situación, por ejemplo en lo que respecta al movimiento socioambiental? ¿Qué fue de la mina de cobre de Donoso que suscitó tantas protestas?
En relación a la cuestión social en Panamá, el país está ubicado entre los peores del mundo en lo que tiene que ver con distribución de la riqueza. Aquí, el hambre, la miseria, el servicio público de salud, la educación pública, los bajos salarios, el alto costo de la vida en los alimentos, el precio de los medicamentos, en la energía eléctrica, en el combustible, son una cosa galopante, estratosférica. Es el más puro capitalismo salvaje. Hay una situación agobiante de alto desempleo y bajos salarios. La realidad es que los problemas sociales de los panameños no han sido resueltos, a pesar de la promesa de campaña de darle “chen chen” [forma coloquial de decirle al dinero] a la gente. Resulta que el chen chen sólo llega a los parientes y amigos del gobierno. Por eso hay un amplio descontento.
Respecto al tema de la mina, Mulino la puso como un asunto prioritario: quiere reabrirla junto al poder económico y la partidocracia. Obviamente sigue habiendo una gran resistencia, porque el pueblo habló muy claro en 2023, cuando el saqueo de First Quantum Minerals fue enfrentado en las calles. Hay un claro sentimiento nacional: no queremos este tipo de actividades extractivas en Panamá. Queremos un desarrollo nacional que impulse la industria, la agricultura, la agroindustria, que genere empleo, además de todo lo que tiene que ver con el sector terciario de la economía. Pero no queremos estos proyectos, en una franja tan estrecha de tierra, donde pasa el corredor mesoamericano, donde hay más de 100 concesiones mineras, donde se ha hecho un daño extraordinario al corredor biológico y al ambiente en general. A pesar del fallo de noviembre de 2023, la minera mantiene el territorio nacional ocupado: es un invasor que ha permanecido con la anuencia de este gobierno y también del anterior.
¿Qué está sucediendo con la cuestión migratoria, que mencionaste al pasar, en un país enclavado en una geografía tan sensible para la movilidad humana? ¿Cómo se relaciona la política migratoria de Mulino con la agenda anti-migrante de Trump?
Cuando Mulino empezó a implementar estas políticas, Trump ni siquiera había ganado las elecciones. Fue en julio del año pasado que firmó los acuerdos migratorios con la administración Biden y se trató, en efecto, de alinearse con los intereses norteamericanos. Debemos recordar que la migración que pasa por el Darién es producto de circunstancias que los propios Estados Unidos han generado, como en el caso de Venezuela y el bloqueo tan brutal impuesto. Hemos visto también las caravanas que salen de Centroamérica, del Triángulo Norte, y en menor medida también a ciudadanos africanos y asiáticos utilizando esas mismas rutas. El primer acto de Mulino fue taponar, poner cercas y controlar el paso migratorio. Después habló también de deportaciomes, incluso cuando al deportar panameños desde los Estados Unidos lo hacen de forma indigna, encadenados.
Así que esta política la empezó Mulino antes, pero le cae como anillo al dedo con la posición de Trump en la materia. Cuando vino Rubio él planteó expandirla y crear una base militar disfrazada, administrada no por el ejército norteamericano, pero sí por sus contratistas privados, por sus mercenarios. Se trata de construir un nuevo campo de concentración: Mulino y Trump quieren construir en Panamá un nuevo Guantánamo. Naturalmente, la construcción de una base y la presencia militar extranjera en Panamá resulta inaceptable. Nosotros vivimos más de cien años de una lucha de liberación contra la presencia militar extranjera, específicamente norteamericana. Se trata de la reivindicación nacional de un pueblo que sufrió grandes sacrificios por su soberanía y que no quiere este tipo de retrocesos.
Deja una respuesta