¿Narcopolítica en Argentina?
En un artículo de febrero de 2024 anticipábamos que el esquema de liberalización extrema de la economía argentina propuesta por el gobierno liberal-libertario (así como la no cumplida propuesta dolarizadora) dejaban la “mesa servida” para el crecimiento exponencial del narcotráfico y, por ende, para el fortalecimiento de la representación partidaria e institucional de sus intereses ilícitos a través de la narco-política. Advertíamos también que Argentina corría el riesgo de resituarse, con mayor protagonismo, en la nueva geopolítica del narcotráfico, caracterizada por los cambios en los patrones de producción, tránsito y consumo; por el apogeo de los opioides sintéticos en desmedro de otras drogas; o por el fortalecimiento de las rutas en el Atlántico hacia Europa y África. Además, señalábamos que políticas como los generosos blanqueos de capitales –que permiten legalizar cantidades ingentes de dinero de origen espurio– o los decretos de la mega-ley “Bases” que apuntaban a debilitar y privatizar el control del espacio aéreo argentino, podían redundar en la misma dirección: una soberanía mellada, un Estado con las manos atadas y unas economías ilícitas con la pista literalmente despejada.
Hoy, es evidente que en la Argentina el narcotráfico ha lubricado sus vínculos con la política doméstica. Así, el escándalo desatado en torno a la candidatura oficialista de José Luis Espert –ex candidato a presidente, diputado en ejercicio y primer candidato de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país– aparece como un sonoro síntoma de un problema aún más profundo. El hecho en cuestión es que Espert, célebre por su retórica securitaria de mano dura y su enfoque económico ultra-liberal (Milei le considera su profesor en la materia), recibió –al menos– una transferencia de 200 mil dólares y viajó 36 veces –con un costo estimado de 350 mil dólares– en los aviones privados de Fred Machado. Machado es un narcotraficante de origen argentino, ligado al Cartel de Sinaloa, condenado por la justicia norteamericana por tráfico de cocaína, lavado de activos y fraude. Pese a que sobre él pesa una alerta roja de Interpol –y desde hace más de tres años un no concedido pedido de extradición– el empresario continúa cumpliendo arresto domiciliario en una lujosa mansión en la Patagonia argentina.
La presunción, obvia, es que Machado financió la campaña presidencial de Espert a cambio de que éste favoreciera sus negocios ilícitos, desde el aparato de Estado, de llegar a la Casa Rosada. En ese sentido apuntan las declaraciones de José Bonacci, antiguo apoderado del economista libertario, quién se negó a firmar un comprobante de 400 mil dólares de presuntos aportes a su campaña que habrían sido recolectados en una cena. Pero quizás uno de los hechos más significativos del asunto sea que el narcotraficante Machado comparte con el presidente Milei la asesoría legal de Francisco Oneto, quien a su vez es estrecho amigo de Diego Spagnuolo, también abogado del libertario y ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad; el mismo personaje que en unos audios filtrados señaló a Karina Milei como la destinataria del famoso 3 por ciento de los “retornos” de los sobre-precios pagados a la Droguería Suizo-Argentina.
Pese a su crítica visceral de la casta política, pareciera que el entramado conformado por su hermana Karina, el diputado Espert, el narcotraficante Machado, el abogado Oneto y el ex funcionario Spagnuolo, sitúan a Milei en el centro de una emergente narco-casta, intermediaria entre el poder político, una economía cada vez más volátil y financiaridada y el narcotráfico.
Narco-coartadas y narco-aliados
Por estas horas, el Caribe Meridional es testigo de un proceso de militarización, sin precedentes desde la década del 80, que ya analizamos aquí. La flota de guerra desplegada por Trump para presuntamente combatir el narcotráfico, el ataque a varias lanchas y el asesinato extrajudicial de sus tripulantes, así como la retórica inflamada del Departamento de Estado, centran hoy su atención en Venezuela, un país que ocupa un lugar marginal en la producción de estupefacientes, y que no constituye ni la única ni la principal ruta de trasiego de las drogas que se producen en Sudamérica y se consumen en los Estados Unidos, luego de ser distribuidas por sus propias estructurales criminales locales (nunca denunciadas ni investigadas) una vez traspuesto el umbral de las fronteras.
Mientras que la administración Trump sindica al presidente venezolano Nicolás Maduro como el presunto jefe del “Cartel de los Soles”, numerosos especialistas niegan que siquiera exista dicha organización criminal trasnacional, cuya descripción se funda en las declaraciones unilaterales recientes del Departamento de Estado, en las acusaciones fiscales de procesos judiciales no concluidos, en las siempre oportunas declaraciones de los “arrepentidos” y en una serie de evidencias circunstanciales.
Lo que sí está sobradamente documento es la existencia, al menos desde la década del 80, de una estrecha relación entre los gobiernos norteamericanos con el tráfico de armas y el narcotráfico. Así, en 1985 el escándalo “Irán-Contra” reveló un esquema de triangulación por el que la administración Reagan vendía armas con sobreprecios en la República Islámica para así financiar con los excedentes a los “Contras”, grupos paramilitares contra-insurgentes que, bajo dirección estadounidense, combatían en Nicaragua a la Revolución Sandinista. Además, los narcotraficantes ofrecían a los Contras sus infraestructuras aéreas y marítimas para el desarrollo de sus operaciones, a cambio de su inmunidad legal y de la protección de sus rutas comerciales. Incluso algunos líderes de la Contra participaban y se financiaban directamente del tráfico de cocaína, como lo probó el Informe Kerry de 1989. Vale la pena recordar que hasta la ruptura y la invasión de Panamá de 1989, Reagan colaboró estrechamente con el gobierno militar de Manuel Noriega, que pese a estar directamente involucrado en el narcotráfico, funcionaba como un inestimable aliado que permitía utilizar a Panamá como teatro de operaciones para entrenar, financiar y armar a la contrainsurgencia centroamericana.
Pero las “relaciones carnales” con auténticos narco-gobiernos no terminaron en la década del 80. El siglo XXI ofrece muchos ejemplos contemporáneos. Uno de los más conocidos es el del gobierno de Juan Orlando Hernández, uno de los que sucedió al golpe de Estado que en 2009 derrocó en Honduras al líder progresista Manuel Zelaya. Pese a la fraudulenta y resistida reelección de Hernández, éste mantuvo una estrechísima relación con los Estados Unidos, visible en el control coordinado de los flujos migratorios centroamericanos, en el despliegue omnipotente de las agencias de seguridad y las fuerzas armadas estadounidenses en la Honduras de aquellos años, en el reconocimiento de Jerusalén como “capital” de Israel o en su contribución al aislamiento geopolítico concertado de Venezuela. El mismísimo Trump fue uno de los más elogiosos comentaristas del gobierno de “JOH”, de quien increíblemente aseguró que “detuvo las drogas a un nivel nunca antes visto”. Pero a partir de 2019, cuando la evidencia criminal se volvió abrumadora, primero su hermano Tony Hernández y después el mismo presidente, resultaron ambos extraditados a los Estados Unidos y condenados por narcotráfico a gran escala.
Lo mismo podría decirse de otro antiguo estrecho aliado del Departamento de Estado, el ex presidente colombiano Iván Duque, quien fuera investigado, a partir de los audios surgidos de escuchas ilegales, por el presunto delito de recibir financiamientos ilícitos en la campaña electoral de 2018 de parte de Hernán Darío Hernández (alias el “Ñeñe”), un narcotraficante ligado al Clan del Golfo, la más importante estructura criminal colombiana. Hernández hizo campaña por Duque en Valledupar, acompañó reuniones proselitistas oficiales y manifestó su cercanía con el entonces presidente Duque posteando fotos de los dos en las redes sociales.
Ni la “ñeñe-política” –como se conoció al escándalo–, ni las investigaciones –después archivadas–contra Duque, ni los documentados vínculos de su mentor Álvaro Uribe con Pablo Escobar desde sus tiempos al frente de la Aeronáutica Civil, ni la consolidación del Clan del Golfo como estructura criminal trasnacional en los gobiernos del partido Centro Democrático, alcanzaron para destemplar la relación entre Estados Unidos y sus incondicionales aliados en Colombia, arietes útiles en la contraofensiva conservadora sostenida contra los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina.
En la actualidad podríamos mencionar otros dos gobiernos que no parecen estar bajo el celoso pero selectivo escrutinio anti-narcotraficante de la segunda administración Trump: el de Dina Boluarte en Perú y el de Daniel Noboa en Ecuador. Se sabe, por los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y por la White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP), que Perú se ubica alternativamente como primer o segundo país en lo que a volúmenes de producción de estupefacientes de refiere; y que es el Pacífico, y no el Mar Caribe, la principal ruta marítima por la que se da el trasiego de drogas sudamericanas hacia los Estados Unidos. En lo que refiere a Noboa, sabemos por un informe de la Revista Raya que su empresa Noboa Tradings fue objeto de varios decomisos de cocaína (por un total de 700 kilogramos) que viajaba dentro de contenedores de banano exportados desde Guayaquil hacia varios países de Europa por la empresa familiar del presidente-empresario.
En resumen, en tiempos en los que la “lucha contra el narcotráfico” vuelve a ser instrumentalizada como coartada para la intervención neocolonial, vale la pena recordar que los Estados Unidos siempre antepusieron sus intereses políticos y geopolíticos a los flagelos del consumo y a los problemas de salud pública que hoy golpean como nunca a la sociedad norteamericana, y que su identificación de lo que es y no es un “narco-gobierno”, y por lo tanto un enemigo “legítimo”, siempre fue oportuna, selectiva y antojadiza.
“Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?”, se preguntaba el panameño Rubén Blades en una conocida alegoría musical de la presencia imperial histórica de los Estados Unidos en el Gran Caribe. El “tiburón”, más que combatir al narcotráfico, con cuya lucrativa economía sostiene estrechas y documentada relaciones desde hace al menos 40 años, lo que persigue es garantizar sus intereses económicos y geoestratégicos a través de la continuidad de la intervención, hoy bajo nuevas (y no tan nuevas) argucias y coartadas.
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