Desde Caracas
El Caribe es hoy por un hoy un escudo perforado. Un escudo porque así lo concibió la geopolítica gran-caribeña de Hugo Chávez (y antes que él la de Fidel Castro), quiénes a partir del eje Caracas-La Habana supieron construir una arquitectura regional en la que las Antillas podían y debían formar una especie de constelación defensiva respecto de las tentativas recolonizadoras de los Estados Unidos en lo que Juan Bosch supo definir hace décadas como la “frontera imperial”.
La fundación en 2004 de ALBA-TCP con la participación de 10 países gran-caribeños (y de otros dos con estatuto de observadores), la creación de la exitosísima plataforma de cooperación energética PetroCaribe en 2005, la irrupción de figuras como el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalves (que llegó a ser presidente pro-témpore de la CELAC), o el tránsito de Barbados de la Monarquía Constitucional a la República en 2021 bajo los auspicios de la Primera Ministra laborista Mia Mottley, fueron en su momento hechos indicativos de un auténtico giro progresista y soberanista en el Gran Caribe en general y en las Antillas en particular, incluso en los mismísimos territorios de la Mancomunidad de Naciones.
Pero se trata de un escudo perforado o roto, porque lo que supo religar la “diplomacia petrolera” y los intercambios no mercantiles promovidos por Chávez, ha empezado a mostrar cada vez más líneas de fisura. Las visitas del Secretario de Estado Marco Rubio a Jamaica, Guyana, Surinam, Panamá, Guatemala y República Dominicana (donde anunció desde despliegue de tropas, como en el Canal de Panamá, hasta el descubrimiento de yacimientos minerales, como las codiciadas tierras raras domínico-haitianas); la reciente gira del ex Jefe del Comando Sur Alvin Holsey por el Caribe Oriental; los acuerdos de exploración y explotación hidrocarburífera con compañías norteamericanas como ExxonMobil o las negociaciones en materia migratoria con los Estados Unidos, hacen parte de las tantas iniciativas que buscan horadar los antiguos equilibrios sub-regionales y reducir a su mínima expresión la influencia venezolana en la Cuenca del Caribe, amén de la gravitación de las grandes potencias emergentes a nivel global.
Y no hablamos tan sólo de lo obvio; de la sujeción con correa corta de los territorios bajo un estatuto colonial más o menos clásico, como el falaz “Estado libre asociado” de Puerto Rico, los franceses “departamentos de ultramar” o los territorios neerlandeses no autónomos, sino de países soberanos que vuelven a orbitar en las inmediaciones del gran astro imperial, con varios de sus gobiernos girando ahora al ritmo de las iniciativas y presiones del Norte Global. Algunos posicionamientos regresivos de la Comunidad del Caribe (la CARICOM) –por ejemplo en relación a la cuestión haitiana– o el alejamiento manifiesto de Venezuela y Cuba dan la tónica de estos sugestivos desplazamientos.
En este marco el caso de Trinidad y Tobago resulta aleccionador, en un tránsito rápido que ha llevado al país desde posiciones razonablemente progresistas –o al menos prescindentes en algunos temas sensibles de la agenda internacional– a mostrarse cada vez más alineado a la geopolítica hemisférica de los Estados Unidos bajo la segunda administración de Donald Trump. Cabe recordar que hablamos de un país archipielar independiente y multi-étnico que tiene dos características que lo vuelven particularmente determinante en esta coyuntura: unas reservas probadas –nada despreciables– de 13 billones de pies cúbicos de gas y 137 millones de barriles de petróleo (las más importantes de las Antillas), así como una posición geoestratégica determinante como eventual “cabeza de playa” en una agresión contra Venezuela, país del que le separa apenas el Golfo de Paria, con unas 7 millas de territorio marítimo en el estrecho meridional.
El trinitense Shabaka Kambon, fundador y director ejecutivo del Caribbean Freedom Project, nos aportó una ilustrativa caracterización del gobierno de su país. Según Kambon, la Primera Ministra Kamla Persad-Bissesar “llegó al poder con una retórica progresista y un estilo derivado de sus raíces en el movimiento obrero, [pero representa] en la práctica a uno de los dos partidos dominantes de Trinidad y Tobago, fundados en criterios étnicos [indo-trinitenses o afro-trinitenses], ambos de orientación política centrista o centro-derechista”. Sin embargo, el activista percibe un giro pronunciado desde la asunción del nuevo gobierno tras las elecciones de abril de este año, tanto en las políticas como en las narrativas, destacando el despliegue policial ordenado en los centros educativos, la política securitaria de mano dura, e incluso el coqueteo con planes de deportación a gran escala, en lo que define como una especie de “bukelización” de la política nacional. Algo que, de manera sintomática, analizamos hace meses para el caso del gobierno de Luis Abinader en otro país insular: República Dominicana.
En el plano internacional, los recientes acuerdos entre el gobierno trinitense y la administración Trump son explícitos y quedaron de manifiesto en los ejercicios militares conjuntos realizados entre el Comando Sur y las fuerzas armadas locales, que incluyeron el despliegue de la 22° Unidad Expedicionaria de los Marines y el destructor USS Gravely en Puerto España. Para Kambon, los antecedentes de esta cordial relación bilateral son de larga data, y provienen al menos desde el año 2000, cuando cuando la UNC –el partido en el gobierno– comenzó a contratar asesores estadounidenses en temas electorales y de seguridad (como el tristemente célebre ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani), provenientes algunos de las agencias norteamericanas de inteligencia. El activista recuerda también algunos otros antecedentes en el seno de la CARICOM, como cuando en 2019 y desde el campo de la oposición la UNC apoyó al autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela Juan Guaidó, y se refirió al gobierno de Nicolás Maduro como “antidemocrático, inconstitucional e ilegal”.
En relación a la “cooperación militar”, hay que subrayar que ésta no podría ser más asimétrica entre un pequeño país insular y la principal potencia armamentística del planeta, y que este tipo de acuerdos suelen tener además un carácter secreto, espurio y neocolonial. De lo que podemos estar seguros es de que los motivos oficiales aludidos no son nada convincentes. Por un lado, la “resiliencia regional” de la que se habló es una total abstracción. Por el otro, las “amenazas compartidas” no son compartidas en absoluto. Estados Unidos es el principal importador y consumidor de estupefacientes del mundo, y tiene un gravísimo problema de sanidad pública vinculado sobre todo al consumo mortal de opioides sintéticos (sólo el fantanilo causó más de 87 mil decesos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024).
Pero Trinidad y Tobago no juega ningún rol en la producción de narcóticos, ni tampoco en las rutas de las economías ilícitas (otras islas, como Jamaica y La Española desempeñan este papel), y no tiene problemas de consumo particularmente exacerbados. Por otro lado hay que tener en cuenta que la propia DEA y la UNODC consideran al Caribe una tercera ruta, bastante marginal en volumen, en relación a las rutas dominantes que son las del Pacífico y la del espacio centroamericano.
¿Por qué acoger entonces, y en un momento de tanta tensión regional, a siete embarcaciones de guerra extranjeras, en unos ejercicios militares “conjuntos” que fueron muy criticados por la sociedad civil trinitense? Para nuestro analista, “dada la magnitud y el momento en que se han producido las recientes actividades militares de Estados Unidos en la región, así como las narrativas contradictorias procedentes de Washington sobre sus objetivos, muchos ciudadanos locales interpretan que estos ejercicios tienen implicaciones estratégicas o políticas más amplias”.
Dicho esto, tenemos dos motivos que podrían explicar al menos en parte esta singular y oportuna alianza. Por un lado la propia trayectoria personal de la Primera Ministra, quien fue Becaria Fulbright y conferencista en importantes universidades estadounidenses. Además de lo subrayado por Kambon, Persad-Bissessar es partidaria de una política migratoria intransigente que afecta sobre todo a la población migrante venezolana, criticó la explotación gasífera conjunta entre Caracas y Puerto España y apoya a Guyana en el diferendo territorial que este país sostiene con Venezuela. Incluso llegó a afirmar que apoyaría militarmente a Guyana de darse algún tipo de ataque venezolano, contradiciendo la definición de la CELAC y de la CARICOM en torno a la región como una Zona de Paz.
Pero el motivo más probable está, por supuesto, vinculado a los hidrocarburos, recurso central en la economía de ambos países. En una curiosa sincronía, Trinidad y Tobago firmó un contrato de exploración en las aguas profundas del este del país con ExxonMobil. Tras 22 años de ausencia, el gigante norteamericano retornó al archipiélago con una inversión de 42.5 millones de dólares. Esto, se supone, generará nuevos empleos, mayor actividad económica y más divisas para el Estado. El anuncio se dio a mediados de agosto, coincidente con los primeros rumores del despliegue militar que hoy presenciamos en el Gran Caribe. Otro motivo, puramente hipotético, y vinculado al carácter espurio de este tipo de acuerdos, podría ser el que Estados Unidos haya prometido al gobierno trinitense –de consumarse el tan buscado “cambio de régimen”– algún tipo de explotación preferente de Campo Dragón, el enorme yacimiento gasífero que Venezuela comparte con Trinidad y Tobago.
Más allá de estos acuerdos reales y de estas consideraciones hipotéticas, Trinidad y Tobago tiene mucho que perder en este peligroso giro. El primer efecto inmediato fue la cancelación de un amplio acuerdo de cooperación energética firmado por ambos países en 2015, anunciada por Nicolás Maduro el 27 de octubre, lo que de seguro tendrá un impacto económico de mediano plazo en el archipiélago. En segundo lugar, un conflicto generalizado en el Mar Caribe podría tener efectos catastróficos en términos migratorios; por su cercanía, Trinidad y Tobago sería naturalmente un inmediato punto de llegada. En tercer lugar, una agresión directa de Estados Unidos a Venezuela, e incluso una invasión, desestabilizaría a toda la región gran-caribeña produciendo una nueva e impredecible “guerra eterna”, esta vez en nuestro hemisferio.
Interrogado sobre si considera que estos movimientos preparatorios podrían derivar en una implicación directa en una agresión militar estadounidense, el director del Caribbean Freedom Project considera que “el riesgo más realista sería permitir el uso del territorio o las aguas de Trinidad para apoyar las operaciones de Estados Unidos, una opción a la que se oponen la sociedad civil caribeña y la gran mayoría de la población trinitense”.
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