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Peruanicemos al Perú: último llamado

Más allá de lo que arroje el resultado electoral, el proceso político y social abierto en el Perú expresa un avance indetenible en la búsqueda de auto-reconocimiento de las clases populares y de las regiones más postergadas del país. Publicado en Diario Red el 12 de junio de 2026

Números en danza, contradicciones en stock

Éste no es del todo un análisis post electoral, imposible de todos modos, dado que las urnas todavía están tibias en Perú y no han dicho aún su última palabra. Al momento de escribir este artículo se invirtió la tendencia favorable al candidato del progresismo Roberto Sánchez, abanderado de Juntos por el Perú (JP), quien durante buena parte de estos seis días de escrutinio había aventajado con estrecho margen a la candidata de derecha Keiko Fujimori, tal como como lo había previsto el preconteo rápido de Ipsos. Esto no impidió que un afinado coro de voces (que incluyen hasta el tecno-magnate Elon Musk, que vuelve a intervenir así en la política latinoamericana, como ya lo hizo en la Bolivia del golpe) haya sugerido en los últimos días la existencia de un presunto fraude en favor de la coalición progresista.

Se valían para ello, entro otros indicadores falaces, de la existencia de actas de localidades rurales en donde Sánchez obtiene la práctica totalidad de los votos. Lejos de ser un indicador de fraude, se trata de la expresión de un fenómeno antiquísimo que contradice la concepción liberal de la democracia, en donde resulta frecuente que el campesinado o los pueblos indígenas decidan su voto de forma asamblearia y sufraguen como comunidad.Como sea, considerando el impacto contrapuesto del voto rural, serrano y sureño (favorable a Sánchez) y el del voto exterior (más proclive al fujimorismo, al igual que el capitalino), la diferencia entre ambas candidaturas sigue siendo irrisoria, incluso de apenas cientos de votos.

Aún queda por delante un largo y cerrado recuento que acabará por resolverse en los tribunales en algunas semanas. Las posibilidades de impugnar e incluso de desconocer los resultados están ahí, latentes. Al fin y al cabo es lo que intentó el fujimorismo tras su último revés en 2021, para lo que cuenta con varios resortes del poder local real y con una importante caja de resonancia a nivel internacional.

Además, no debemos perder de vista que el contexto geopolítico se modificó en grado sumo desde los últimos comicios presidenciales, y no precisamente en favor de las fuerzas populares y progresistas. Durante el segundo mandato de Donald Trump, el secular intervencionismo norteamericano —más mediato y menos explícito a comienzos del siglo XXI— ha dado paso a un injerencismo directo y descarnado por el que la Casa Blanca y el Departamento de Estado no han dejado de apalancar candidaturas afines como las de Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, Abelardo de la Espriella en Colombia o incluso a la plancha legislativa de Javier Milei en Argentina. Hasta aquí, todos fueron “casualmente” bendecidos con resultados electorales favorables.

Sin embargo, el que las elecciones no hayan finalizado no implica que no sea posible realizar un estado de situación, pero sobre todo y mucho más importante, pasar revista a algunas tendencias de corto y mediano plazo cuya significación rebasan y con mucho el resultado contingente de este proceso electoral.

No se trata de “sacar lecciones” como tantos “analistas” se apresuran a hacer ahora con excesiva premura como si la historia fuera, más que magistra vitae, una especie de recetario de cocina. Antes de intentar siquiera balbucear algunas respuestas a partir de la a veces desconcertante realidad política peruana, es preciso partir de convenir primero cuáles son las preguntas correctas, así como de insertar después al país en su natural escenario latinoamericano y caribeño.

Empecemos con algunos datos. Más allá de la tremenda paridad registrada en esta segunda vuelta electoral, es evidente que los antiguos clivajes históricos —típicos de países periféricos y dependientes, pero más pronunciados en Perú que en otras latitudes— volvieron a emerger en estos comicios como expresión de contradicciones, e incluso fracturas, subyacentes.

Costa/sierra, capital/interior, urbano/rural, fujimorismo/antifujimorismo, entre otras polaridades menos rígidas (las de clase son un poco menos lineales, al menos si atendemos por ejemplo al comportamiento electoral de los trabajadores urbanos), volvieron a orientar como hace un lustro las preferencias electorales de los 27 millones de peruanos y peruanas convocadas a las urnas.

En primer lugar es necesario romper con la ilusión de mayoría proyectada por el sistema de balotaje. En Perú, como en ningún otro sitio, es inconcebible pensar en algo parecido a una “mayoría electoral”. La radiografía de la primera vuelta —mucho más fidedigna en términos socio-políticos— indica que, sumados, FP y JP no cosecharon ni siquiera el 30 por ciento de las voluntades electorales, incluso algo menos menos que lo que obtuvieron juntos el fujimorismo y Perú Libre en 2021 (compárese esto con el impresionante 85 por ciento que aglutinaron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una suerte de balotaje anticipado en Colombia).

Sin embargo, no deja de ser llamativo que en el sistema político peruano (sin duda ayudado por la obligatoriedad del voto) la más desbocada dispersión partidaria conviva con índices moderadamente altos de participación electoral y con porcentajes de voto blanco y nulo relativamente bajos. Así, con datos similares a los del 2021 —y tomando como base el preconteo rápido de Ipsos, y no el escrutinio en curso de la ONPE—, respecto del balotaje de hace un lustro, la participación ciudadana habría bajado ligeramente del 74.5 al 72.4, el voto blanco habría crecido apenas (de 0.6 a 0.8) y el nulo decrecido (de 5.9 a 5.7).

Además, debemos recordar que el tercero en discordia en la primera vuelta, Rafael López-Aliaga (el inefable “Porky”, quien supo desempeñarse como alcalde de Lima), cultor de un perfil derechista mucho más acendrado que el de la propia Keiko, quedó apenas a 22 mil votos de entrar al balotaje, lo que refuerza el carácter de gesta del triunfo provisorio de Sánchez, que logró pescar con éxito en el confuso río revuelto de los 36 partidos políticos que se presentaron en la primera ronda electoral.

Si tomamos entonces los datos de Ipsos, podemos ver que Keiko arrasó en Lima (63 a 36) mientras que Sánchez se impuso, aunque con menos margen, en el interior del país (57 a 42). Pero FP no sólo goza de un obvio favoritismo entre las élites burguesas limeñas, sino también en algunos segmentos de las clases profesionales y de las clases trabajadoras aspiracionales de la capital.

El peculiar y regresivo rol de Lima en la historia nacional ha sido un tópico frecuente en el ensayo y la ciencia social peruana. Aquí sólo quisiéramos recordar aquellas demoledoras palabras de Augusto Salazar Bondy: “[A Lima] le ha sido prodigada toda clase de elogios. Insoportables adjetivos han autorizado aun sus defectos, inventándosele así un reverberante abolengo que obceca la indiferencia con que tantas veces rehuyó la cita con el dramático país que fue incapaz de presidir con justicia”.

Si analizamos otros clivajes, veremos que Fujimori triunfó en las zonas urbanas (54 a 46) y que Sánchez lo hizo de manera contundente en la ruralidad (69 a 31). Aunque la diferencia más pronunciada se sigue contorneando en torno al clivaje regional: en la costa el fujimorismo se impuso 60 a 39, en la selva lo hizo JP por estrecho margen (58 a 41), mientras que Sánchez vapuleó a Keiko en la sierra (70 a 29). Este indicador es quizás el más elocuente en relación a una de las grandes incógnitas de este proceso; si el voto “castillista” (una identidad reciente pero resilente construida no desde la presidencia sino paradójicamente tras el derrocamiento de “el profe”) se trasvasaría a Sánchez y en qué medida, en virtud del acuerdo político que ambos suscribieron.

Es decir que así como las mayorías forzosas de la segunda vuelta no contradicen la hiper-fragmentación partidaria real, ni el alto porcentaje de votos válidos impugna la existencia de un proceso de desafección política de largo aliento, es indudable que en una elección de escuetas minorías como ésta los techos importan más que los pisos, y que el visceral rechazo que suscita el apellido Fujimori en buena parte de la población peruana que recuerda a la perfección el legado del dictador, sigue siendo el principal hándicap de Keiko.

Así y todo, contra viento y marea, el castillismo tiene de momento las mejores probabilidades de imponerse, dando a las fuerzas populares una segunda oportunidad tras el inesperado y a la vez frustrado experimento perulibrista del 2021.

Sánchez no es Mamdani, ni debería serlo

Sin que sea ni remotamente lo más importante, quizás valga la pena hacer una anotación lateral sobre la campaña electoral que vimos desplegarse en estos meses. Roberto Sánchez y su partido tienen una presencia absolutamente marginal en redes sociales, y aún así pueden convertirse en presidente y primera minoría política, respectivamente. Su campaña fue austera y tradicional, más territorial que digital, literalmente pueblo a pueblo siguiendo la conocida “ruta castillista”, haciendo incluso gala de las recorridas de a caballo que ya había popularizado el maestro.

¿Qué indica esto? Que no se puede absolutizar la importancia de las campañas digitales ni abstraerlas de su contexto inmediato. Su impacto depende de la estructura de clases de cada formación nacional en específico, del nivel relativo de comunitariedad o individualización social, del umbral de exclusión tecnológica de las clases populares y de muchísimos otros factores.

No es lo mismo buscar votos en Nueva York que en Cajamarca, en sociedades urbanas o rurales, entre las comunidades aymaras que entre los profesionales liberales de los países centrales. Las narrativas, poderosísimas en tiempos del capitalismo tecno-digital, no dejan de vencer o fracasar sobre un plafón de estructuras sociales y materiales, periféricas en este caso.

No me malinterpreten. No creo que una cosa excluya a la otra, ni vengo a proponer estrategias retrógradas como despreciar la disputa de las redes sociales o reemplazar la comunicación digital por las cabalgatas. Sólo digo que los debates abstractos conducen a posiciones abstractas, inoperantes en términos políticos y estratégicos.

La preexistencia o construcción de comunitariedad se ha demostrado como un antídoto sumamente eficaz contra la manipulación informativa y la guerra cognitiva. No lo digo yo; ya lo decían Dorfman y Mattelart allá a comienzos de la década del 70 en su clásico «Para leer al Pato Donald”. La “batalla cultural” se juega en X o TikTok, pero también en un comité de agua o una ronda campesina.

La búsqueda de auto-reconocimiento

Perú es un cementerio de teorías, sobre todo de muchos lugares comunes de la ciencia política liberal y del republicanismo selectivo de las élites. Esas mismas élites políticas o intelectuales que consideran la proliferación de partidos (pluralismo inoperante en este caso) como un inequívoco síntoma de calidad democrática, que asocian el autoritarismo a la presencia descollante de ejecutivos carismáticos (uno de los rasgos distintivos, se supone, del tan denostado “populismo”) o que santifican la alternancia como único síntoma de salud republicana.

¿Pero qué sucede cuando observamos la concurrencia a las urnas de un enorme abanico de 35 partidos políticos distintos, la mayoría de ellos sin ningún atisbo de representatividad social? ¿Esto da cuenta per se de una densidad institucional superior a, por ejemplo, la de regímenes de partido único que dirimen a lo interno de una sola estructura orgánica las pujas de poder? ¿Y qué hay del control por parte de un Congreso que actúa como el perro del hortelano, que no gobierna ni deja gobernar o que, peor aún, permite que de facto gobiernen en la sombra los eternos perdedores de la competencia electoral? ¿Implica este “contrapeso legislativo” o esta suerte de parlamentarismo mal entendido un esquema preferible al presidencialismo, incluso de tintes caudillistas, que rige en buena parte de América Latina?

¿Y qué significa o qué puede significar la alternancia en un país que vio desfilar a nueve presidentes en tan sólo una década, eliminados por los francotiradores que medran en los entresijos de una institucionalidad llena de remiendos, heredera de una Constitución nacida del quebranto del orden democrático? ¿Es acaso la república peruana superior a otras repúblicas en donde el ejecutivo ha sido reelecto por voto popular, incluso por varios períodos? No deja de ser sospechoso que los más módicos errores de los regímenes nacional-populares generen tanta y tan enconada bibliografía, y que los fracasos más rotundos de las democracias neoliberales susciten en cambio tan poca atención académica o mediática.

Contradiciendo a la ortodoxia liberal, que opera siempre una reducción institucionalista y procedimentalista del fenómeno democrático (hasta el punto de confundir democracia con liberalismo), no sería difícil encontrar indicadores democráticos mucho más sustantivos durante el gobierno militar, reformista y nacionalista del general Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 y 1975 que en la “democracia” neoliberal surgida al despuntar el presente siglo, tras el fin de la dictadura de Alberto Fujimori.

Pensemos, acaso, en la contradictoria pero rica experiencia del SINAMOS, en el alcance y significación de la reforma agraria (para el campesino la democracia es ante todo la tenencia de la tierra y el derecho a su usufructo), en la nacionalización de recursos estratégicos que expanden y afirman la soberanía efectiva, en la diversificación de las relaciones internacionales que ponen un freno al dominio neocolonial, en la reforma educativa que permite la instrucción de los ciudadanos, o en la conquista de los más elementales derechos obreros.

Sigue sorprendiendo que un país que ha cultivado un perfil tan altivo y tan propio en la cultura latinoamericana se debata aún en tales niveles de enajenación política, colonialismo interno y autodesprecio de las élites. Perú es el país que dio a la región y al mundo intelectuales como José Carlos Mariátegui, Virgilio Roel Pineda o Aníbal Quijano; políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre, el propio Velasco Alvarado o Hugo Blanco; cantantes como Chabuca Granda y Susana Baca; poetas como César Vallejo, Blanca Varela y Javier Heraud; ensayistas como Augusto Salazar Bondi y Manuel González Prada; fotógrafos como Martin Chambi; narradores como José María Arguedas, Clorinda Matto de Turner y Mario Vargas Llosa; o teólogos como Gustavo Gutiérrez.

No casualmente fue Mariátegui, la figura más destacada de este envidiable panteón, quien invitó, en un texto no exento de polémicas, a “peruanizar el Perú”, una tarea casi tan inconclusa hoy como hace un siglo cuando lo escribió. La ecuación era simple: para el intelectual marxista el problema del Perú era el problema del indio, y el problema del indio era el problema de la tierra.

Actualizado a otro ciclo del capital y a otros avatares de la identidad de las clases populares del país, hoy las polaridades electorales vuelven a indicar la persistencia del diagnóstico; el Perú sufre de una vieja enfermedad mal tratada en un cuerpo geográfico descoyuntado. El problema del indio es hoy el problema no sólo de los indigenas auto-reconocidos como tales o de quienes viven en comunidades o aldeas, sean los aymaras del altiplanicie o los ashánikas o los aguarunas de la selva amazónica, sino también de las clases populares rurales, los mestizos y cholos, las rondas campesinas, el magisterio rural, las comunidades olvidadas por la centralización administrativa, los afectados por la minería depredadora a gran escala o las víctimas de la violencia y las economías ilícitas.

Una de las grandes y más recurrentes preguntas de los movimientos sociales y los intelectuales críticos de la región fue por qué Perú fue incapaz, a comienzos de siglo, y aún contando con enormes mayorías mestizas e indígenas, de emular procesos políticos transformadores como el boliviano, o incluso ciclos insurreccionales como los protagonizados por el poderoso movimiento indígena en Ecuador.

El debate sería imposible de agotar ahora, pero lo interesante del asunto es que aunque la historia parezca a veces cerrar su diafragma casi por completo, siempre se cuela un haz de luz. La historia está fatalmente abierta y lo que vemos, trazado como una estela de puntos, es el largo y agónico proceso de auto-reconocimiento de las mayorías populares, campesinas y provincianas del Perú.

El “castillismo” es apenas el último emergente de un proceso de acumulación de fuerzas que podemos rastrear desde las puebladas regionales y antineoliberales de la posdictadura, en el programa reformista que dio la victoria al decepcionante Ollanta Humala en 2011, en la rebelión limeña que acabó con la caída de “Merino el efímero” tras apenas seis días de gobierno en 2020, en la elección inesperada de un profesor de Cajamarca como Pedro Castillo, o en la auténtica rebelión que siguió a su derrocamiento y que produjo masacres como las de Huanta (Ayacucho) o Juliaca (Puno).

Esta rebelión generó hitos importantes como el desplazamiento de las organizaciones del sur andino hacia la capital, el recordado asalto con tanquetas a la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los paros nacionales de la Asamblea Nacional de los Pueblos, los prolongados bloqueos de carreteras, e incluso también procesos de movilización en el oriente del país o en barrios populares del sur y el este de Lima.

De vuelta al redil: Perú en su contexto regional

No es es de extrañar que las izquierdas y los progresismos latinoamericanos y caribeños vean en el Perú la posibilidad de romper con una tendencia abrumadora. La larga saga de derrotas que dejaron como saldo los últimos procesos electorales —amañados e intervenidos en su mayoría— han llevado a muchos países ayer progresistas al campo conservador, y a los que ya eran conservadores los han situado en el espectro de la reacción más extremista.

Aún sin la necesidad de liderazgos estridentes, programas radicales o de enfáticos ademanes anti-imperialistas, un resultado favorable en Perú desafiaría en sí mismo la orientación estratégica del repliegue de los Estados Unidos, codificada en documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, así como en las hojas de ruta de varios tanques de pensamiento. Recostar el cuerpo cansado del “gigante de siete leguas” sobre todo el contorno de la geografía continental exige, como condición de posibilidad, el aplastar a las más variadas resistencias sociales, políticas y gubernamentales.

Por el contrario, romper la inercia regresiva puede desalentar la idea del ciclo reverso, oxigenar y expandir la imaginación política de los cada vez más más moderados progresismos realmente existentes, y dar nuevos bríos a procesos de movilización social en curso como los de Bolivia o Chile, capaces de impugnar algunas de las últimas posiciones ganadas por la derecha y la extrema derecha.

Pero la importancia de este viraje eventual no sólo tiene que ver con el preocupante cuadro de situación actual, sino con el propio lugar que ha ocupado Perú en la región a lo largo de las últimas décadas. Y es que la presencia del país en este siglo XXI latinoamericano y caribeño ha sido por lo menos discreta, cuando no silente. El país quedó al margen de la primavera progresista e integracionista regional, pero tampoco descolló como un claro referente neoliberal como lo hicieron sus vecinos andinos de Colombia o Chile. Sin servir de modelo para tirios ni troyanos, sin “milagro económico” ni “década ganada” que colocar en ningún escaparate, el Perú, condenado al ostracismo, boyó al compas de ciclos políticos cada vez más cortos y erráticos. Su único momento “protagónico” lo vivió al fungir de efímera capital de la reacción continental, cuando su metrópolis sirvió de asiento del hoy olvidado “Grupo de Lima”.

La expresión popular “vale un Perú”, originada en los tiempos de la Colonia en referencia a la fabulosa riqueza de Potosí o Huancavelica, aún significa que algo es muy apreciado, pero a la vez muy costoso. La posible victoria electoral de Roberto Sánchez significa mucho, para el país y la región, dado que tiene tras de sí un largo rosario de penurias. Esperemos que, esta vez sí, un gobierno popular redima por fin ese largo historial de frustraciones y permita al país conquistar en la política lo que hace mucho tiempo reclamó por propio derecho en el campo de la cultura: una fisonomía propia al frente de Nuestra América.

Como dijo el amauta: «Antes y después de la revolución emancipadora, no faltó gente que creía que el Perú no estaba preparado para la independencia. Sin duda, encontraban exóticas la libertad y la democracia. Pero la historia no le da razón a esa gente negativa y escéptica, sino a la gente afirmativa, romántica, heroica, que pensó que son aptos para la libertad todos los pueblos que saben adquirirla”.


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