Los muchos nombres de la protesta

La creciente conflictividad social en la Argentina ha llevado al gobierno nacional y a sus medios a limitar la legitimidad de la protesta. A continuación, un análisis sobre los supuestos y limitaciones del relato oficial. Publicado en Marcha el 3 de Septiembre de 2012.

Sergio Berni, Secretario de Seguridad, se expresó públicamente sobre el corte de la Panamericana calificándolo de “medidas irracionales”. Adujo que estuvo “teñido de condimentos políticos” y dirigido a “perjudicar y romperle la paciencia a más de 150 mil automovilistas”. “Este tipo de protesta está agotada”, sostuvo.

Esta declaración sobre el agotamiento de la protesta no es aislada ni constituye un exabrupto de quién, en definitiva, juró su cargo aclarando que el eje de trabajo de su gestión no sería la negociación de los conflictos. En el mismo tono diversos funcionarios del gobierno nacional y algunos de sus voceros preeminentes como Horacio Verbitsky y 6-7-8, se refirieron en el último tiempo al conflicto social y sindical para mostrar sus “límites”. Para ello hablaron de “corporativismo”, “chantaje”, “operación en contra del gobierno”, “caos” e “irracionalidad”. La misma presidenta dijo en declaraciones respecto al paro nacional de camioneros del 22 de junio: “Muchas veces los salarios se obtienen por la capacidad de presión, esto es cuánto puedo amenazar y perjudicar a la sociedad para obtener un determinado salario”. También en ese contexto declaró no entender “la lógica gremial y política” de las movilizaciones y habló en contra “de la extorsión y de la explotación”.

La gran capacidad de iniciativa política adjudicada al kirchnerismo por propios y extraños, y su novedosa política cultural y comunicacional, parecen entrar en contradicción con un discurso que recurre una y otra vez a lugares comunes del pensamiento liberal a la hora de tematizar la protesta.

Aún considerando la progresiva desaceleración económica y el distanciamiento de quiénes fueron los sostenes del modelo en las coyunturas más acuciantes, el gobierno cuenta aún con una hegemonía abrumadora y con los efectos de un abultado resultado electoral. En esta coyuntura aún favorable llama la atención la imposibilidad de sus voceros de actualizar su discurso sobre el conflicto social y su recaída en la estigmatización más simple. Por eso un personaje como Berni, puede insistir con la determinación gubernamental de no reprimir la protesta, momentos después de desalojar a manifestantes con personal de gendarmería, perros y camiones hidrantes. Bajo el paraguas de la política de derechos humanos y con la memoria del 2001 proyectando su sombra, el kirchnerismo no cesó de remarcar desde sus inicios su negativa a reprimir. Afirmación que era parcialmente cierta antes de la inflexión del Parque Indoamericano, pero sólo a condición de excluir la judicialización y la represión a cargo de terceros. Pero mucha agua ha corrido bajo ese puente, y han sido más de una decena los asesinados en operativos de fuerzas policiales desde entonces.

La gran capacidad de iniciativa política adjudicada al kirchnerismo por propios y extraños, y su novedosa política cultural y comunicacional, parecen entrar en contradicción con un discurso que recurre una y otra vez a lugares comunes del pensamiento liberal a la hora de tematizar la protesta. Las declaraciones mencionadas, ilustran una estrategia mediática destinada a abordar los conflictos sociales que tocan los puntos más sensibles del modelo kirchnerista y que amenazan su ascendiente sobre buena parte de la intelectualidad progresista y las clases medias. Este discurso propone socavar la legitimidad de la protesta social desde diversos ángulos.

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En primer lugar puede mencionarse la tendencia a subordinar el derecho a la protesta a otros derechos sacralizados como el de la libre circulación. Otro mecanismo recurrente ha sido la construcción de jerarquías entre trabajadores, estableciendo que los sectores en conflicto serían parte de minorías privilegiadas imposibles de conformar. Esto fue claro en el conflicto de los docentes de Adosac, que fueron presentados como los mejor remunerados de todo el país, a contrapelo de cualquier análisis sensato que tomara como punto de partida la estructura de precios vigente en Santa Cruz. De ese tenor fueron las críticas a las movilizaciones contra el impuesto a las ganancias. Según el tratamiento de los medios oficialistas, las contradicciones fundamentales de la sociedad estarían expresadas entre los trabajadores precarizados o agremiados en sindicatos débiles y una presunta aristocracia obrera, y no entre empresarios y trabajadores.

También se ha fustigado con los fantasmas de la “intencionalidad política” y del “corporativismo”. El primero señala implícitamente la existencia de dobles intenciones tras las reivindicaciones populares. Así fue como en el conflicto de Adosac se mencionaba sugestivamente el hecho de que el paro se diera precisamente en la provincia de los Kirchner y en tiempos preelectorales. Esto se enmarca en los discursos binarios sobre la funcionalidad a los intereses de la derecha y sobre la desestabilización política, que el kirchnerismo ha instalado con evidentes réditos políticos.

El tema del corporativismo apareció instalado no sólo respecto al conflicto docente y al paro camionero, sino que también fue usado contra las asambleas ciudadanas que se manifiestan contra la instalación de proyectos megamineros en sus territorios. Este accionar sectorial se opondría a los intereses del Estado, comandados por una fuerza política supuestamente despojada de todo interés corporativo, como supone la nota de Verbitsky “La primacía de la política”, aparecida en Página 12.

Por último, se presenta la idea de que la misma actividad sindical y cualquier medida de fuerza constituye una extorsión contra los intereses de sujetos tan difusos como “la nación” o “la gente”. Esto no sólo niega los fundamentos mismos de la protesta y los únicos medios que tienen los sectores populares para hacer valer sus intereses, sino que acerca la visión oficial a las apreciaciones sobre el conflicto que históricamente ha desarrollado el multimedios Clarín.

En definitiva, el aumento de la conflictividad social parece mostrar las limitaciones de una política comunicacional que ha sido uno de los signos distintivos de la era kirchnerista y que ha construido una fuerte hegemonía entre franjas de la población autoidentificadas como progresistas. Frente a este fenómeno, se alternan como respuesta la negación lisa y llana de la actividad represiva y un discurso que cada vez estigmatiza más a los sectores organizados, para justificar así el peso de la violencia institucional que se ejerce sobre ellos. Es en esa clave que debe leerse el poco probable agotamiento de la protesta en la Argentina.

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