Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, ocho elecciones presidenciales han tenido lugar en América Latina y el Caribe. En todas —menos una, la de Uruguay— las fuerzas victoriosas se ubicaron a la derecha o a la extrema derecha del espectro político. En su gran mayoría, los partidos o las candidaturas vencedoras fueron expresamente bendecidas y apalancadas por la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, por congresistas republicanos o por representantes de poderosas corporaciones digitales trasnacionales.
Con quienes ya gobernaban o recién asumieron sus respectivos gobiernos, Estados Unidos ha suscrito acuerdos de cooperación en materia de seguridad, defensa, inteligencia y “combate al narcotráfico”, sin considerar su incorporación en coaliciones informales subordinadas como el “Escudo de las Américas”. Este ciclo electoral corto se da, no podemos olvidarlo, bajo la aplicación y vigencia oficial de la Doctrina Monroe, codificada en documentos prospectivos como la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional.
Así, en Ecuador se impuso el empresario bananero de origen estadounidense Daniel Noboa. En Bolivia una izquierda autófaga fue derrotada por Rodrigo Paz, aunque el representante “natural” de la Embajada parecía ser Tuto Quiroga. En Chile el pinochetismo volvió a La Moneda de la mano de José Antonio Kast. En Honduras triunfó Nasry Asfura del Partido Nacional, respaldado por Trump de forma expresa. En Costa Rica, Laura Fernández –a quien el republicano obsequió una estatuilla de un águila calva– ganó con un discurso que promete mano dura y mayor radicalidad. En Colombia, el abogado de narcotraficantes Abelardo de la Espriella acaba de imponerse por escaso margen en unas elecciones sumamente contestadas. En Perú el escrutinio, aún abierto y pendiente de resolución judicial, favorece de momento a Keiko Fujimori, hija del exdictador.
Podríamos, por su relevancia regional, mencionar también las legislativas de Argentina, en donde el Secretario del Tesoro Scott Bessent intervino en rescate del gobierno liberal-extremista de Javier Milei y de su inviable esquema macroeconómico.
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La historia de la radicalización política latinoamericana y caribeña es una historia eternamente mal contada. Aquí, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX fueron una respuesta a un proceso de radicalización popular que incluyó el recurso a la vía armada? ¿O la radicalización fue por el contrario una respuesta desesperada a la sístole institucional, al progresivo angostamiento democrático, a los cuartelazos y a la recurrente factura del orden constitucional propiciada por fracciones militares y oligárquicas?
Muchos parecen olvidar que antes de que los barbudos cubanos descendieran de la sierra o de que se proclamara la Segunda Declaración de La Habana tuvo lugar un emblemático golpe de Estado contra un progresista moderado como Jacobo Arbenz en Guatemala. O que las primeras guerrillas de la región no fueron ni comunistas, ni marxistas, ni guevaristas, ni estrictamente revolucionarias, sino liberales, democráticas y/o nacionalistas según el caso.
Así, en un país tan estatalista e institucionalizado como la Argentina, la primera formación guerrillera no fue una organización marxista-leninista, sino un pequeño experimento armado que brotó del nacionalismo popular de la resistencia peronista, con demandas tan elementales como el retorno del líder popular depuesto, el fin de la proscripción que pesaba sobre su partido y la defensa de la soberanía nacional (recordemos que en 1955 el golpe de Estado se inauguró con el bombardeo de la Plaza de Mayo por parte de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea, en un acontecimiento en donde hubo más víctimas fatales que en la emblemática Gernika arrasada por la Luftwaffe).
Considerando la larga duración, y ampliando el rango histórico de las preguntas más allá del episodio o el fragmento, ¿lo que vemos hoy es realmente anómalo, o la “anomalía” fue la prolongación, durante algunas pocas décadas, de un ciclo democrático más o menos estable, aunque con desvíos, lagunas e interrupciones? Quizás una mirada a nuestra historia colonial nos convenza de que la “normalidad”, para las clases dominantes amenazadas en sus prerrogativas, es este abismo al que nos asomamos ahora.
En el siglo XX latinoamericano y caribeño, por dar un ejemplo, los golpes de Estado “exitosos” fueron más de 90, mientras que los intentos fallidos se cuentan por varios cientos. Si consideramos solo el emblemático caso boliviano, en su vida republicana el país tuvo más de 190 interrupciones constitucionales, entre golpes de Estado, levantamientos, motines y revoluciones.
Como sostuvo el jurista y teórico político alemán Carl Schmitt, el soberano es quien decide sobre el Estado de excepción, no quien gestiona el Estado de derecho. No quien redacta las leyes, sino quien puede poner en suspenso el orden jurídico-estatal frente a “crisis” o “emergencias”. El problema es que el nuevo paradigma contra-insurgente ha hecho de la emergencia un estado de situación permanente.
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Considerando esta historia larga y esta racha impresionante de victorias electorales conservadoras, y atendiendo en particular al devenir del proceso electoral peruano y colombiano y a la entrada en vigor del estado de excepción en Bolivia, no podemos dejar de formularnos algunas preguntas que tienen mucho que ver con las perspectivas de mediano plazo de la región y el mundo.
¿Con cuántas condiciones la democracia condicionada se convierte lisa y llanamente en otra cosa? ¿A partir de qué indicadores podemos señalar el tránsito que lleva de una democracia intervenida a una autocracia electoralmente concesiva? ¿Qué significa la libertad de deliberación y conciencia en tiempos de guerra cognitiva, operaciones psicológicas cuasi personalizadas y manipulación emotiva y algorítmica? ¿Es posible concurrir a “elecciones nacionales” contra factores de poder primordialmente trasnacionales? ¿Incluye el “pluralismo democrático” la competencia partidaria contra servicios de inteligencia, magistraturas cooptadas y corporaciones tecnológicas todopoderosas, como lo reveló la trama del llamado Hondurasgate?
¿Cuál es, en suma, el umbral de lo aceptable, en un contexto en el que el tránsito hacia la posdemocracia no se da ya con violentos cuartelazos o estridentes bandos militares como en los tiempos del viejo Plan Cóndor, sino a través de una serie de derrotas y concesiones sucesivas? ¿Hasta cuándo tiene sentido atrincherarse en la defensa de un orden que los poderosos parecen haber abandonado parcialmente?
El tango democrático, ¿puede bailarse sin pareja? ¿No estaremos jugando con barajas marcadas y librando batallas perdidas de antemano? ¿Hay alternativas a la destrucción planificada de las últimas trazas de institucionalidad liberal-republicana? ¿Qué harán las clases populares –o incluso sus vanguardias desesperadas–, cuando lo electoral, por distintas razones, deje de valer la pena? ¿Cómo se canalizarán las demandas y las reivindicaciones sociales y políticas de masas en el futuro? ¿No son las grescas bolivianas y el renovado rigor del Estado contrainsurgente un anticipo del futuro?
Y en relación al escenario geopolítico; ¿puede practicarse la democracia sin ejercer una soberanía cabal, o al menos mínima? ¿No es el repliegue hemisférico de los Estados Unidos y la reafirmación explícita de la Doctrina Monroe el principal obstáculo a la legalidad regional y el orden constitucional de nuestros países? ¿Es posible hoy, en suma, ser algo parecido a un “demócrata” sin ser a la vez un anti-imperialista consecuente?
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Dos hechos debieron producir un giro completo en los debates, posicionamientos y estrategias de las izquierdas y los progresismos latinoamericanos, pero no lo han hecho: el bombardeo de Caracas en la madrugada del 3 de enero y el secuestro de un presidente en funciones, y el destape del Hondurasgate, que por fin pudo probar a la opinión pública la trama trasnacional por la que sectores del narcotráfico, fuerzas políticas vasallas –incluyendo a un ex presidente convicto–, el imperialismo norteamericano y el sionismo conspiran para barrer con los gobiernos progresistas de la región y con los últimos vestigios de oposición política y social.
Esto resulta particularmente significativo si recordamos que tomó casi dos décadas poder probar la existencia del viejo Plan Cóndor tras descubrir en 1992, en la localidad de Lambaré, Paraguay, los conocidos “archivos del terror”. Hoy la estrategia imperial es bastante más transparente; ahí están los documentos de doctrina y las alianzas de seguridad, pero también las filtraciones.
Pero quizás podríamos ir más atrás de Caracas y el Hondurasgate, y retrotraernos hasta el momento en el que un anodino panelista de televisión devenido candidato de una fuerza política marginal empuñó por primera vez una motosierra. Hay que ser muy ingenuos, o muy ignorantes de nuestra historia regional, para pensar que la motosierra es una inocente metáfora de ajuste fiscal y achicamiento del Estado, y no una herramienta brutal utilizada durante años por la contrainsurgencia paramilitar; un instrumento de muerte que mal disimula –porque no quiere disimular– una fantasía aniquilatoria subyacente.
Algunos habrán visto en su reivindicación una mera metáfora –algo desquiciada es cierto– pero una metáfora al fin. ¿Y si fuera en realidad todo un signo de los tiempos por venir? El que un presidente “democrático” como Javier Milei se la haya además ofrendado a un tecno-oligarca como Elon Musk como signo de pleitesía y devoción dice bastante de la poderosa alianza suscrita entre las corporaciones más capitalizadas del planeta y las formaciones y liderazgos políticos más extremistas.
Y ya sabemos en qué derivaron alianzas de ese tenor en el pasado…
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